Un grupo de inversores compuesto por el chef José Andrés, el empresario Domingo Estepa —propietario de Rolwind Renovables y de su filial inmobiliaria Altanea—, Jon Riberas, dueño de Corporación Gestamp a través de su family office Ion Ion, y Manuel Vázquez Gavira, expresidente de Asaja Cádiz, ha adquirido recientemente 190 hectáreas de terreno en El Lentiscal, una zona situada en la playa de Bolonia, en el municipio gaditano de Tarifa.
La intención de los nuevos propietarios es desarrollar un proyecto turístico de alto nivel en lo que se considera una de las últimas playas vírgenes de la provincia de Cádiz. El plan incluye la construcción de un glamping de cinco estrellas, un restaurante y otras instalaciones, con el objetivo declarado de hacerlo bajo parámetros de sostenibilidad. Altanea, una de las empresas involucradas, se define como especializada en la transformación de suelo.
Sin embargo, el terreno adquirido presenta un alto grado de protección ambiental. Actualmente está calificado como suelo rústico, lo que impediría cualquier desarrollo urbanístico sin una recalificación previa. Para llevar a cabo el proyecto, sería necesario modificar el uso del suelo, un proceso complejo dadas las restricciones legales que pesan sobre la zona.
La finca se encuentra dentro de un área con triple protección: forma parte del Parque Natural del Estrecho, de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que la designa como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deben ser considerados como no urbanizables de especial protección.
Colectivos en contra
Diversos colectivos han expresado su preocupación por el impacto ecológico que podría tener la ejecución del proyecto, al considerar que este tipo de desarrollo turístico en un entorno de alto valor ambiental resultaría insostenible. Advierten de que una intervención de este tipo podría generar una alteración profunda e irreversible del ecosistema, además de propiciar procesos de privatización y elitización de un espacio natural de uso común. Además, en la web change.org se ha comenzado una recogida de firmas en la que ya se han recabado más de 11.000 apoyos para trasladar al Ayuntamiento de Tarifa.
Ante esta situación, varios vecinos se ha solicitado la intervención de varias administraciones públicas, entre ellas la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarifa. Los firmantes de la petición instan a las autoridades a impedir que se inicie cualquier proceso de recalificación del terreno y reclaman la expropiación de la finca para garantizar su conservación a largo plazo.
