El grupo municipal de Andalucía Por Sí (AxSí) en Puerto Real ha puesto en el centro del debate la contratación de una asesora externa en la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), una decisión que consideran marcada por la “absoluta falta de transparencia” y que podría responder a un “favor político” del equipo de gobierno. El portavoz andalucista, Alfredo Fernández, ha comparecido en rueda de prensa junto a su grupo para explicar un caso que, según relata, comenzó tras las quejas de trabajadores municipales. Estos alertaron de la presencia de una persona ajena a la estructura del Ayuntamiento que acudía a áreas como Hacienda y Personal para dar “indicaciones e instrucciones” tanto a técnicos como a responsables políticos.
Tras solicitar explicaciones por escrito, el equipo de gobierno confirmó que se trataba de una asesora contratada por Epsuvi para labores de análisis de deuda, estrategias de negociación y acompañamiento financiero. Sin embargo, Fernández sostiene que esta respuesta no disipó dudas, sino que las reforzó. Desde AxSí señalan tres cuestiones clave. En primer lugar, el vínculo político de la adjudicataria, exconcejal de Izquierda Unida en Conil, cuya contratación ya ha generado polémica en otros municipios. En segundo lugar, cuestionan su cualificación. “No consta que esta persona posea formación jurídica ni sea letrada”, afirma el edil, pese a que el contrato incluye funciones técnicas, jurídicas y económicas. Por último, denuncian una posible duplicidad de gasto. Según el grupo, EPSUVI —con dificultades económicas— ya dispone de asesoría jurídica externa, por lo que consideran injustificado el pago de más de 10.000 euros adicionales.
A estas dudas se suma la advertencia del concejal Jesús Plaza, quien ha detectado que uno de los presupuestos presentados procede de una empresa de eventos, lo que, a su juicio, “refuerza las sospechas sobre la arbitrariedad del proceso”. AxSí exige explicaciones sobre los criterios de selección y la ausencia de convocatoria pública, además de alertar de que la asesora estaría manejando información municipal sin relación contractual directa con el Ayuntamiento. Por ello, instan al gobierno local a aclarar si se trata de una necesidad técnica real o de un “compromiso partidista”.