El delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rota, Daniel Manrique, ha anunciado un avance histórico y decisivo para Aguadulce y Peginas: las fincas que cumplan los requisitos podrán acceder por primera vez a suministros básicos de agua, electricidad y alcantarillado. Una medida que, según el edil, traerá consigo ventajas medioambientales, además de mejoras en seguridad y salubridad.
El Ayuntamiento ha publicado ya el pliego para seleccionar a la empresa encargada de redactar el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de ambas zonas. Este documento marcará un antes y un después en el camino hacia la urbanización definitiva de estos asentamientos.
Qué supondrá el Plan Especial
El teniente de alcalde explicó que la redacción del plan permitirá contar con una “foto fija” de la situación: qué parcelas cumplen los requisitos, el ámbito continuo de actuación y las condiciones comunes para acceder a los suministros esenciales.
Una vez aprobado y con los informes favorables, los propietarios deberán ejecutar las obras necesarias para llevar los servicios a sus parcelas. Esto incluirá tanto la instalación de redes básicas como mejoras en los accesos y viales principales. Los gastos correrán a cargo de los dueños, que deberán constituirse como entidad de conservación.
El plan permitirá dotar de infraestructuras comunes a las edificaciones que cumplan, sustituyendo las fosas sépticas por una red de saneamiento adecuada y garantizando el abastecimiento de agua y luz. Además, posibilitará realizar obras de conservación, pero no de ampliación, y contribuirá a la integración paisajística, frenando la expansión desordenada de nuevas construcciones.
Núcleos con un pasado irregular
Manrique subrayó que Aguadulce y Peginas son asentamientos residenciales donde el 95% de las edificaciones son irregulares. Se trata de núcleos que comenzaron a crecer en los años 70 y que hoy representan “los dos puntos negros que tiene Rota sobre los que queremos actuar”.
Este Plan Especial es una de las alternativas contempladas por la ley junto al AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), aunque con una ventaja: no se limita a fincas concretas, sino que abarca un ámbito mucho más amplio, agrupando varias parcelas que cumplan los requisitos exigidos.
Acceso a servicios, pero sin legalización
El edil recordó que este proceso no supone la legalización de las edificaciones, pero sí abre la puerta a solicitar suministros básicos y al registro de la propiedad. Para ello, las viviendas deberán estar terminadas, contar con plazos de reposición prescritos y disponer de condiciones mínimas de seguridad y salubridad.
No todas las fincas podrán acogerse. Quedarán excluidas las ubicadas en dominio público —donde los plazos no prescriben— y las situadas en zona de protección marítimo-terrestre, en cuyo caso dependerá de la fecha de construcción.
El Ayuntamiento asumirá el coste de la redacción del documento, con una licitación abierta hasta el 18 de septiembre y un presupuesto inicial de 85.000 euros.
Manrique estimó que, teniendo en cuenta el tiempo de elaboración y las posteriores tramitaciones e informes de sanidad, ordenación del territorio y medio ambiente, el plan podría estar listo en un plazo de dos años. Si no surgen complicaciones, a partir de entonces serán los propietarios quienes ejecuten las obras necesarias para mejorar tanto las edificaciones como la calidad ambiental de la zona.
