La Policía Nacional no ha encontrado indicios de acoso escolar en el caso de Ángela, la adolescente de 14 años que se quitó la vida en Benalmádena, en Málaga, el pasado 15 de febrero, un suceso que conmocionó a la comunidad educativa andaluza.
Según han indicado a EFE fuentes cercanas a la investigación, los agentes ya han puesto a disposición del juez un informe en el que se recoge que no se han hallado indicios relacionados con bullying hacia la menor.
Durante las pesquisas, los investigadores realizaron un volcado completo del contenido de todos los dispositivos informáticos de la adolescente. El objetivo era determinar si había sufrido algún tipo de acoso, tanto dentro como fuera del centro educativo donde estudiaba. Además, los agentes revisaron las conversaciones mantenidas por la menor en redes sociales y los mensajes enviados y recibidos a través de WhatsApp, sin encontrar elementos que apunten a una situación de hostigamiento.
La adolescente fue hallada muerta en la madrugada del 15 de febrero, después de que el servicio de emergencias 112 recibiera a las 00.15 horas una llamada de la Policía Local solicitando asistencia sanitaria urgente para una menor. El aviso procedía de una vivienda situada en el complejo residencial Los Algarrobos, en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena donde residía con su familia.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la joven.
La adolescente tenía problemas de salud mental
Desde el primer momento, los padres explicaron a los agentes que la menor tenía problemas de salud mental y se encontraba en tratamiento, ya que —según señalaron— sufría acoso en el instituto donde estudiaba, el IES Benalmádena. A raíz de estas declaraciones, el centro educativo y la Delegación de Educación abrieron una investigación.
Tres días después, una vez concluido ese proceso, la Consejería de Desarrollo Educativo informó de que no se habían detectado alertas ni indicios de una posible situación de acoso escolar y que, además, "en ningún momento" ni la alumna ni su familia habían comunicado al centro que estuviera sufriendo este problema. La administración educativa trasladó entonces su más profundo pesar por lo ocurrido.
Este jueves, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, que participaba en Málaga en unas jornadas tituladas ‘Vocaciones femeninas y FP STEAM’, volvió a insistir en esa idea. Preguntada por los periodistas, subrayó que «sabemos porque nos lo han trasladado fuentes de la investigación que no consta ninguna situación en sus redes sociales, en sus dispositivos electrónicos, que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar que el centro no había detectado».
Castillo recordó además que la joven era "una buena estudiante y delegada de su clase", y reiteró sus condolencias a la familia. "Perder un hijo es lo peor que le puede pasar a alguien", lamentó.
La familia anuncia que llegará “hasta el final”
Mientras tanto, la familia de la menor ha difundido un comunicado en el que asegura que seguirá adelante para que se haga justicia.
"Con profunda tristeza por lo ocurrido con nuestra hija queremos expresar que el dolor que sentimos es inmenso e imposible de describir con palabras. Era una niña maravillosa, especial, muy sensible y con un corazón enorme que llenaba de luz a todos los que la conocían", comienza el escrito.
Los familiares recuerdan que los hechos continúan bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico suceso y piden prudencia y sensibilidad en el tratamiento de la información.
También agradecen las muestras de apoyo recibidas en estas semanas y reconocen que atraviesan momentos extremadamente dolorosos. Según señalan, "su único deseo" es honrar la memoria de la joven y llegar "hasta el final para que se haga justicia, porque ella se lo merece".
La muerte de Ángela generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa andaluza. La adolescente fue encontrada por su hermano mayor en el sótano de la vivienda familiar. Sus padres sostienen que estaba en tratamiento psicológico y denuncian que el centro no activó el protocolo antibullying pese a la situación que, a su juicio, atravesaba la menor.
Por su parte, los documentos analizados en las investigaciones realizadas hasta ahora coinciden en señalar que "no hubo ninguna alerta, ni indicio de una posible situación de acoso escolar", y que tampoco consta que la familia, la alumna o compañeros y docentes hubieran advertido de una situación de este tipo.
