El consorcio estatal responde a las sospechas que rodean a la adjudicación vertidas por el gobierno local: "Que deje de sembrar dudas; solo busca la confrontación institucional".
La Zona Franca de Cádiz (ZFC) ha informado de que está estudiando emprender acciones legales por "omisión culposa" del Ayuntamiento de Jerez en el desarrollo del proyecto de ejecución de la obra de reurbanización del polígono industrial El Portal de este municipio y los daños y perjuicios que ha causado al Estado. La reacción llega después de que se haya conocido, como ha avanzado lavozdelsur.es, que el Consistorio investiga también cómo se licitó y adjudicó el proyecto, diseñado por el Consistorio jerezano, y por el que la empresa que finalmente se hizo con la obra, la UTE OHL-Ucop, reclamó un 20% más (en torno a un millón de euros, pese a que la Ley de Contratos fija el tope en un 10%) alegando fallos en el diseño de la misma por parte de Urbanismo. Lo que llama la atención, como está publicado, es que tanto el consorcio estatal como la propia UTE conocían previamente el proyecto redactado por los técnicos municipales (el propio concurso público valoró sobremanera esta circunstancia), lo que no ha impedido que las obras apenas se hayan ejecutado en un 30% por esas supuestas diferencias técnicas
Según ha explicado la Zona Franca en una nota, dispone de "ingente documentación que acredita y avala su correcta actuación en todo momento, así como sus esfuerzos por culminar las obras, siempre mostrando su máxima disposición con comunicaciones verbales y escritas", que, sin embargo, "no fueron atendidas por el Consistorio jerezano". En este cruce de acusaciones, el gobierno local ya aseguró esta semana que las comunicaciones con el consorcio estatal no han sido fluidas y que, para más inri, sorprendía la encendida defensa de la empresa constructora cuando la realidad es que ha sido el propio Ayuntamiento de Jerez el único que hasta la fecha ha afrontado pagos por más de un millón de euros. Esta "actitud de colaboración y de interlocución" de la ZFC, reza el comunicado del ente, contrasta con el "desinterés manifiesto y la dejación del Ayuntamiento", que "solo busca la confrontación institucional, lo que ha impedido que se finalizaran las obras que la dirección facultativa y la empresa adjudicataria tenían el deber de ejecutar y finalizar en el plazo establecido".
Asimismo, el consorcio estatal (en manos del PP) ha exigido al Ayuntamiento y a sus responsables que expliquen los motivos técnicos por los que se paralizaron los trabajos, exigiéndole que "deje de ir sembrando dudas que solo se pueden deber o al desconocimiento del procedimiento administrativo y de la propia documentación del concurso o simplemente por mala fe". La Zona Franca ha resaltado que ha "mediado y hecho siempre todo lo posible para que los errores detectados en el proyecto fueran subsanados y la obra llegara a su fin de forma adecuada", hecho éste que no se produjo, según insisten, "por incumplimiento de plazo", que venció en diciembre de 2015. Ha agregado que incluso llegó a proponer hacerse cargo de esa dirección facultativa para agilizar los plazos de la obra.
En cualquier caso, ha reiterado su "disposición a estudiar las posibles alternativas siempre que éstas sean viables desde el punto de vista económico y legal, todo ello para atender a las necesidades del empresariado de la zona, trabajando en beneficio de la reactivación económica y la generación de empleo y a colaborar en la búsqueda de otras posibles vías".
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