Urbanos Amarillos gana la primera batalla judicial al PP por la guerra de los autobuses

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El Juzgado anula dos sanciones del Ayuntamiento contra la hasta hace unos meses concesionaria del transporte urbano. Reduce el importe de la multa, que se remonta a cuando se produjo el secuestro de la concesión en 2012, de algo más de 4 a 1,7 millones. La sentencia habla de "peculiar" expediente administrativo por parte del equipo de gobierno y de la "oscuridad" municipal que "no ha sustentado su resolución en hechos y datos ciertos"

Nuevo varapalo judicial contra el gobierno local del PP. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Jerez ha anulado dos de las penalidades impuestas por el Ayuntamiento a Urbanos Amarillos. Ésta era hasta hace unos meses la empresa concesionaria del transporte urbano, la cual fue expulsada del servicio tras ser éste rescatado y pasar a ser gestionado de forma directa por el Consistorio. Hay que recordar que en mayo de 2012, junto con el secuestro de la concesión, el Ayuntamiento aprobó la imposición de penalizaciones a la concesionaria de los autobuses urbanos por  supuestos incumplimientos contractuales. En concreto, se le impuso cinco sanciones por un importe de algo más de 4 millones de euros, que ahora por mandato judicial quedan reducidos a 1,7 millones,  es decir a menos de la mitad.

Urbanos Amarillos recurrió las cinco penalidades y el Juzgado acaba de emitir las cinco sentencias declarando nulas dos de las penalizaciones. En concreto se declaran nulas las impuestas por la no renovación del parque de vehículos y por la obligación de mantener el material móvil en un adecuado estado de conservación técnica, y con la revisión de la  Inspección Técnica de Vehículos que reglamentariamente le corresponda a cada uno, de manera que su utilización sea totalmente segura para los usuarios del servicio. El juez anula estas dos sanciones y hace una crítica muy dura a la forma de elaborar los expediente administrativos por parte del Ayuntamiento: Peculiar expediente administrativo que figura en autos como antecedente de la resolución administrativa, además califica la actuación municipal de oscurantista diciendo que “entendemos que la oscuridad no puede beneficiar a su causante, y que la administración no ha sustentado su resolución en hechos y datos ciertos, objetivos, medibles y contrastables.” Estas sanciones anuladas ascendían a 2,28 millones de euros.

Respecto a otra tercera penalización, el juez declara la inadmisión del recurso, ya que tanto Urbanos Amarillos como el Ayuntamiento no dejan claro contra qué penalidad se recurre, excusa el juez la confusión de Urbanos Amarillos diciendo indudablemente, motivado por el comportamiento de la administración que, incoando un solo procedimiento, le ha impuesto una multitud de penalidades contractuales en resoluciones distintas y además, contestando a la demandada con referencia al originario acto administrativo impugnado, en sede de conclusiones, con infracción de lo previsto en el artículo 65.1º de la Ley 29/1998, mutó el acto administrativo objeto de su análisis.”

En todo caso, apuntas fuentes cercanas al caso, "se trata de sentencias que vienen a ratificar lo que se viene repitiendo en el actuar cotidiano del gobierno municipal dirigido por García-Pelayo: oscurantismo, falta de rigor y de seriedad e inoperancia administrativa”. Finalmente sólo se emiten sentencias favorables a la imposición de penalidades por no adquirir y mantener todos los elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio en las condiciones establecidas en el contrato y  por la falta o deficiencia de uniformes en el personal, ambas sumando un importe de 1.432.027,46 euros.

Querella criminal de Urbanos contra el PP

Urbanos Amarillos formuló y presentó el pasado mes de julio una querella criminal ante el Juzgado de Guardia de Jerez contra el gobierno municipal del Partido Popular, que preside la alcaldesa María José García-Pelayo, por presuntos delitos de apropiación indebida, coacciones, así como un posible delito continuado de hurto de vehículos a motor previsto en el artículo 244 del Código Penal. La mercantil, que hasta hace un par de meses contaba con la concesión del transporte urbano, expone en su demanda judicial que el pasado 8 de mayo “es notificado a la entidad requerimiento notarial del Ayuntamiento de Jerez mediante el cual se nos da traslado del acuerdo de la junta de gobierno local de dicho organismo por el que de una forma atrabiliaria y que viene siendo discutida en las jurisdicciones correspondientes, se procede a resolver la concesión de la que Urbanos Amarillos es titular”.

Y prosigue la denuncia: “Finalmente viene no solo a acordarse la resolución de la concesión en sí, sino que, además, se decreta laincautación de la importante fianza que la empresa tiene depositada en efectivo metálico ante el Ayuntamiento por importe de 5,7 millones de euros; y finalmente se decreta la reversión al Ayuntamiento de los bienes municipales que estuvieren afectos a la prestación del servicio”.

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