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Pablo Crespo, que presidía una de las empresas a las que contrató de forma presuntamente irregular el gobierno de Pelayo para Fitur 2004, tendrá que declarar el próximo 29 de este mes junto al cerebro de la trama, Francisco Correa.

El considerado número 2 de la trama Gürtel, el empresario y ex dirigente del PP gallego entre 1995 y 2005, Pablo Crespo, comparecerá en calidad de imputado el próximo 29 de este mes ante, presumiblemente, el nuevo magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Fue citado el juez Pablo Ruz como uno de los intervinientes, "entre otros", en las presuntas contrataciones irregulares efectuadas por el Ayuntamiento, con María José García-Pelayo de alcaldesa, para el desembarco de Jerez en Fitur 2004. Este martes, en declaraciones en Al rojo vivo de La Sexta, el propio Pablo Crespo ha asegurado que "tanto Mariano Rajoy como la cúpula del Partido Popular conocían la financiación irregular de la formación y el reparto de sobresueldos", y ha dicho que él mismo los repartió cuando estaba al frente del partido en Galicia: "En el PP todo el mundo lo sabía, no tengo duda de que el presidente Rajoy lo conocía". De hecho, ha llegado a sostener sin ambages: "Repartí sobresueldos a políticos del PP en activo y tengo recibos".

Como está publicado, Ruz citó a siete personas los próximos 28 y 29 de este mes para comparecer en calidad de imputados por su implicación estas supuestas contrataciones ilegales basadas en amaños en una adjudicación que, según acreditan UDEF e IGAE, se realizó a posteriori y un mes después de celebrarse la feria de turismo. De estas personas, dos son los dos cabecillas de la trama, Francisco Correa y el propio Crespo, además de a dos técnicos municipales; al ex jefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos; y otras dos personas vinculadas con el entremado empresarial del que Special Events, la firma que presidía Crespo, era el estandarte. Según ha sabido este medio, la preocupación en el seno del gobierno municipal y del PP de Jerez, de puertas para adentro, es máxima, toda vez que de estas declaraciones, como ya publicó El País, se dirimirá muy probablemente si García-Pelayo es imputada o no. Algo que por su condición de senadora -y por tanto aforada- tendría que decidir en última instancia el Tribunal Supremo. 

No obstante, las declaraciones antel juez, tanto de los técnicos como de los propios principales empresarios llamados a declarar, preocupan sobremanera a los populares jerezanos -por el efecto que pudieran tener, obviamente-, más aún cuando resta poco más de mes y medio para las elecciones municipales. Hay que tener en cuenta, aparte de la normalidad con la que por ejemplo Pablo Crespo habla públicamente de las tripas de la trama corrupta ligada al PP, que el juez Pablo Ruz tiene en su poder desde el pasado verano un escrito denuncia que aportó al sumario de la instrucción gracias a un grupo de técnicos municipales anónimos que acusan presuntamente a la regidora popular de presunto fraude de ley y contratación ilegal con la red de Correa para llevar a cabo la presencia de Jerez en Fitur en 2004. 

"Plena confianza en los técnicos y, por supuesto también, en la tramitación del expediente; es una cuestión administrativa", insiste García-Pelayo

Este lunes mismo, preguntada nuevamente por los periodistas, Pelayo aseguró que no entraría en más valoraciones sobre este espinoso asunto, si bien recalco: "Plena confianza en los técnicos y, por supuesto también, en la tramitación del expediente; es una cuestión administrativa", según recoge Diario de Jerez.

El sindicato de técnicos del Ayuntamiento, ATMJ, ya se posicionó hace unas semanas sobre este asunto denunciando "el continuo uso que hacen la mayoría de los políticos de los técnicos municipales como parapeto de sus responsabilidades políticas, siendo continuo el empleo de frases como firmé porque había un informe técnico, todo tenía el visto bueno de los técnicos, ningún técnico informó en contra, etcétera". En este sentido, "está claro que los jueces ya se están percatando del uso reiterado de esa manida estrategia y la reciente sentencia del llamado caso PTA, concluye literalmente: “Es totalmente descartable que los técnicos hiciesen y deshiciesen a su libre albedrío en el Ayuntamiento y que los políticos dependiesen de sus decisiones”. "La ATMJ -añadieron- siempre va a defender la profesionalidad de toda la plantilla y apoyará a quienes se vean presionados con vanos intentos de torcer su voluntad, así como a los que sufran situaciones de intentos políticos de sembrar dudas sobre su trabajo, para desviar la atención sobre el político, o a quienes sufran intentos de trasladarles responsabilidades que sólo corresponden a los que toman las decisiones y adoptan acuerdos, que son los políticos y no los técnicos".

El último informe que recibió Ruz, el de la IGAE, cifra el gasto destinado a empresas de la trama liderada por Francisco Correa en un importe total de 343.537,58 euros. En dicho documento, no solo se resaltaba el papel de intermediación de Cuberos, por el que se embolsó más de 53.000 euros de dinero público, sino que destacaba a Pelayo asegurando que, como presidenta del Instituto de Promoción de Jerez, "incumplió" los estatutos en al menos dos expedientes examinados, al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad.

 

Sobre el autor:

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología; hice la dramaturgia del espectáculo 'Soníos negros', de la Cía. María del Mar Moreno; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Socio de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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