La administradora de Correa señala en un escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha accedido Europa Press, que han pasado once años desde la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004.
La administradora de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ha pedido el archivo de la causa en la que se investiga la adjudicación a la red de Francisco Correa de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, argumentando que el delito de prevaricación que se le imputa ha prescrito. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la trabajadora del entramado presuntamente corrupto solicita el "sobreseimiento libre y archivo" del procedimiento que se sigue contra ella y que se deje "sin efecto" la declaración como imputada a la que ha sido citada el próximo 29 de abril.
Además de a Jordán, el juez José de la Mata -que sustituye como titular al magistrado interino Pablo Ruz- interrogará como imputados ese día y el anterior a Isidro Cuberos, ex jefe de prensa del ex secretario general del Partido Popular (PP), Javier Arenas, y a otras cinco personas, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y dos técnicos municipales.
"Está claro que el supuesto delito de prevaricación habría prescrito y se habría extinguido la acción penal, pues han transcurrido más de once años", expone la defensa de la administradora de las empresas de Correa.
Tras recordar que el delito de prevaricación prescribe a los diez años, la defensa de Jordán señala que la feria se celebró entre los días 28 de enero y 1 de febrero de 2004 y que el auto de imputación de su representada se dictó el 31 de marzo pasado. "Está claro que el supuesto delito de prevaricación habría prescrito y se habría extinguido la acción penal, pues han transcurrido más de once años", exponen sus abogados. En este sentido, añaden que "la prescripción de los delitos es una cuestión de orden público, de interés general y de política criminal, que puede ser proclamada de oficio o a instancia de parte en cualquier estado del procedimiento en que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan".
A los siete imputados se les atribuye un posible delito continuado de prevaricación por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa del municipio, la cual por el momento no está imputada, principalmente, debido a su condición de aforada al ser senadora por el PP. En cambio, el juez De la Mata interrogará el 28 de abril a Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".
Como recoge Europa Press, también comparecerá ese mismo día el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados". Al día siguiente serán interrogados los dos presuntos cabecillas de la trama y sus empleados Isabel Jordán y Javier Nombela, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez Ruz a comienzos de marzo en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban "numerosas irregularidades". En concreto, el Instituto pagó 162.806,37 euros a Special Events por el montaje y gestión de un 'stand', así como sendas partidas de 39.366,92 y 11.855,08 euros a Down Town Consulting por la organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez.
Según la Fiscalía, tal y como recoge Europa Press, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas".
Además, habrían llevado a cabo "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abino de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".
Comentarios