Una denuncia de un particular y la del Obispado ante Fiscalía permitieron detener al cura de San Rafael

La Diócesis se persona como acusación popular contra el párroco, que se encuentra en prisión sin fianza

La parroquia de San Rafael, este miércoles. FOTO: MANU GARCÍA
La parroquia de San Rafael, este miércoles. FOTO: MANU GARCÍA

El Obispado de Jerez ha dado a conocer a través de un comunicado que se ha personado en el procedimiento contra el párroco de San Rafael, acusado de pederastia y ya en prisión provisional comunicada y sin fianza. "Una vez recibida la denuncia de dichas acusaciones, y en cumplimiento de la Ley, se han notificado de manera inmediata a la Fiscalía los hechos denunciados, e incluso en el trámite de diligencias previas este Obispado se ha personado como acusación popular contra el denunciado para colaborar en la búsqueda de la verdad", ha explicado la Diócesis.

En ese sentido, el órgano eclesiástico que dirige José Mazuelos ha indicado que "está a disposición de la Justicia para ayudar a esclarecer todas las circunstancias para la búsqueda de la verdad en todo lo que le fuera requerido", y que "siguiendo los protocolos establecidos por la Santa Sede, se han tomado las oportunas medidas cautelares, así como apertura del procedimiento canónico para estos casos".

Asimismo, ha trascendido  que "este obispado nunca ha tenido noticias, denuncias o indicios sobre conductas irregulares de este sacerdote. De hecho a la hora en que ha obtenido la nacionalidad española, las autoridades solicitaron los correspondientes certificados de antecedentes penales tanto en su país de origen, como en España, sin que se encontrará antecedente penal alguno". En concreto, Arturo V. I. procede de Guatemala, aunque llegó a Jerez desde la Iglesia colombiana.

Por otra parte, el Obispado "ha recibido en el día de hoy instrucciones por parte del abogado de la parte demandante para que no se manifieste ninguna información sobre el caso que pudiera poner en riesgo la intimidad e identidad de la víctima con las consecuencias judiciales que pudieran producirse". Por lo tanto, esto confirma que existe una parte afectada personada, por lo que no se trataría de una investigación policial sino de una denuncia en la que habrían sido partícipes tanto el Obispado como la familia.

Recordando eso sí el derecho "a la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano", desde la Diócesis indican que "confiamos en la labor y resolución de los órganos judiciales, condenamos firmemente este tipo de actos y pondremos todo nuestro esfuerzo para que estas conductas no tengan cabida en nuestra Iglesia. No queremos que este hecho, lamentable y doloroso, empañe la labor de tantos sacerdotes que se entregan con entusiasmo y responsabilidad en su ministerio".

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