Un calvario en forma de destierro para cuatro guardias civiles

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Cuatro agentes de Ubrique y Arcos son sancionados con traslados forzados a otras provincias tras declarar en un juicio civil contra sus mandos.

Hace más de un año que la vida en las casas de Joaquina, Mari Carmen, Eva y María Luisa experimentó un giro de 180 grados. Las cuatro, parejas de guardias civiles en los acuartelamientos de Arcos y Ubrique, están pasando por un calvario junto a sus familiares. Ahora acaban de constituir la plataforma ciudadana ‘No más silencio” para darle voz a sus maridos y para luchar ante el futuro incierto que les aguarda.

Para conocer la situación por la que pasan hay que retroceder a diciembre de 2014, cuando la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia en un comunicado que se difunde en prensa los “malos tratos” de dos mandos, un alférez y un sargento, de los acuartelamientos de Arcos de la Frontera y Ubrique. Según dicho colectivo, las denuncias vienen derivadas de la apertura de varios partes disciplinarios contra agentes de esas unidades, el alto índice de absentismo provocados por enfermedades de tipo psicológico y también por el continuo “roce y hostigamiento” que dichos mandos ejercían, presuntamente, sobre los agentes. A pesar de no publicarse sus nombres, ambos mandos denunciaban a la AUGC al entender que se les señalaba como causantes de este conflicto laboral.

Meses después, en mayo y junio de 2015 se celebran sendos juicios, por la vía civil, en Ubrique y El Puerto, respectivamente, con la presencia como testigos de las parejas de Joaquina, Mari Carmen, Eva y María Luisa. Si bien en el primer juicio se desestima las pretensiones del alférez contra la AUGC, en el segundo se condenó a este sindicato a publicar una rectificación en los medios de comunicación. Lo cierto es que los guardias civiles que acudieron a declarar para dar su versión de los hechos ya quedaron marcados por sus mandos, al considerar que fueron los confidentes de la AUGC. De esta manera, iniciaron un proceso contra los agentes y se les acusaba de una falta disciplinaria por “grave desconsideración”, “violación de secreto profesional”, y “falta de subordinación”. Si bien en el procedimiento seguido contra ellos acabarían desestimándose las dos últimas de esas infracciones, y a pesar de que el sindicato asumía la autoría del comunicado rechazando que ninguno de ellos fueran los autores, la dirección general del cuerpo armado sancionó a los agentes con la pérdida de su destino en Arcos y Ubrique. Esta medida les ha afectado de tal manera que los cuatro están de baja por motivos psicológicos.

Desde la plataforma consideran “injusta y desproporcionada” la sanción impuesta a estos guardias civiles ya que, recuerdan, tan solo “cumplieron con su obligación como testigos de decir la verdad” aun declarando en contra de sus dos mandos. Y aunque confían en que la Justicia y las instituciones les acaben dando la razón merced a las resoluciones y recursos que han presentado, temen que se ejecute ese cambio de destino antes de que eso se produzca debido a los largos plazos que se suelen dar en estos casos.“Nuestra vida ha cambiado por completo”, afirma Mari Carmen Roldán, esposa de uno de los agentes, que ahora teme tener que abandonar su hogar y despedirse de sus familiares para acompañar a su marido en el nuevo destino que se le asigne, con todo lo que ello conlleva. “Todas tenemos hijos adolescentes, nuestras familias están aquí, algunas tenemos que cuidar de nuestros padres que son mayores… Eso sin contar lo que supone empezar una vida desde cero”, explica Joaquina Valle, que además es profesora de instituto desde hace 17 años. “Trasladarme supondría perder mi antigüedad”.

A todo ello se suma el reconocimiento que los agentes tienen en las localidades donde trabajan. Todos suman entre 26 y 33 años en el cuerpo y han sido reconocidos con condecoraciones y felicitaciones por los servicios prestados. “Podemos y pueden ir con la cabeza bien alta. Tanto en Ubrique como en Arcos los vecinos los tienen en gran estima porque saben qué tipo de personas son”, afirma Eva Bohórquez. "No estamos pidiendo algo que no sea justo", añade María Luisa.

Ante esta situación, desde la plataforma entienden que existen mecanismos que pueden dejar en suspenso la aplicación de estas medidas mientras los recursos están a la espera de resolución. “Solo es preciso la voluntad de quien tenga potestad para ello”, consideran, para que se paralice de manera provisional la sanción y no se continúe con el proceso de destierro que les obligaría a trasladarse a otras provincias, presumiblemente del norte de España. Las cuatro, de momento, darán a conocer su caso manteniendo encuentros con los alcaldes de los municipios donde residen. La primera que las ha atendido ha sido Mamen Sánchez. “El encuentro ha sido cordial y nos ha comunicado que expondrá el caso al resto de concejales del Ayuntamiento”, afirma Joaquina, que señala además que ya tienen más de 1.600 firmas -y más que esperan recoger- con el objetivo de hacerlas llegar a la Dirección General de la Guardia Civil y a los ministerios de Defensa e Interior.

Sobre el autor:

Jorge Miró

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