Manuel Gallardo, el empresario jerezano que construyó la nave que la empresa Zahav nunca utilizó, sufre un nuevo varapalo judicial. Con su constructora, Grupo Inversor Masol, levantó la nave de ensamblaje de todoterrenos donde, supuestamente, la compañía de capital chino-iraní iba a fabricar entre 10.000 y 15.000 vehículos cada año, hasta 30.000 cuando estuviera “al máximo rendimiento”. El proyecto quedó en muchos titulares y ningún vehículo fabricado.
Gallardo lleva años reclamando en los tribunales lo que la empresa nunca le pagó, unos 2,5 millones de euros, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez desestimó su petición en primera instancia. La defensa del empresario recurrió la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también desestima su reclamación, que busca que sea el Ayuntamiento de Jerez, a quien volvieron los terrenos tras la espantada de Zahav, quien haga frente a la deuda. El empresario pide, tras el revés judicial, que el Ayuntamiento lo "compense" de alguna manera por el enorme agujero económico que le produjo este percance.
“El actuar negligente, o al menos, extremadamente arriesgado, de la propia recurrente —el Grupo Inversor Masol— al contratar con un tercero no puede ser costeado por la comunidad municipal de Jerez de la Frontera”, recogía la sentencia del Juzgado emitida el pasado verano, a la que tuvo acceso lavozdelsur.es. El TSJA agrega que la empresa jerezana “no exigió a Zahav la constitución de una garantía real y oponible a terceros para garantizar el pago de las obras que optó por financiar a la vez que las realizaba”.
El Grupo Inversor Masol, en el caso de la nave de Zahav, asumió el coste de su construcción, que tendría que cobrar en los 30 días posteriores a la finalización de la obra. “Al acabar el trabajo me hicieron varios contratos, diciendo que me iban a pagar todos los meses 50.000 euros, otro decía que en dos veces… pero ninguno se llegó a firmar”, lamentaba Gallardo en una entrevista concedida a lavozdelsur.es. “El Ayuntamiento ha recibido una nave que yo he construido y se la queda para su beneficio”, se quejaba Gallardo, quien agregaba: “Sé que el Ayuntamiento no me debe nada, porque con ellos no tengo contrato, pero he construido una nave que sigo sin cobrar”.
La última resolución judicial aleja, aún más, las posibilidades de cobrar la deuda. “En ningún momento se ha producido un enriquecimiento patrimonial desde la recurrente —Grupo Inversor Masol— al Ayuntamiento, cuando no resulta posible el ejercicio de la opción de compra, se devuelve el bien arrendado perdiendo todo lo constituido y las mejoras realizadas, no cabe acción de reintegración de ningún tipo sobre un allanamiento realizado en un proceso judicial, y que no hace sino aplicar lo previsto en el contrato”, reseña el TSJA en su sentencia, en respuesta al recurso presentado por la defensa de Gallardo. “No existe precepto legal o doctrina jurisprudencial alguna que determine que la recurrente adquirió algún tipo de derecho de propiedad sobre las obras que realizó”, reseña.
El TSJA, en la sentencia a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, explica que “las vicisitudes del contrato de ejecución de obra para la construcción de un edificio de oficinas, aula de formación, almacén de productos de automoción y de una planta de embalaje a realizar en una parcela de la localidad de Jerez, solo producían efectos entre las partes que lo suscribieron, Grupo Inversosr Masol y Zahav Auto Industry España SL, que más tarde presentó concurso voluntario de acreedores, siendo ordenada su disolución en sentencia de 9 de junio de 2017”.
El Ayuntamiento de Jerez, tras un proceso judicial iniciado en 2014 —con el PP en la Alcaldía—, cuando la extinta Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) demandó a Zahav por los incumplimientos en los que incurrió la empresa desde la firma del acuerdo con el Consistorio en 2009, recuperó los terrenos en 2016, ya con el PSOE gobernando. El Consistorio, tras hacerse con los terrenos, llegó a ponerlos en venta por poco más de ocho millones de euros, tras lo que el constructor esperaba cobrar su deuda. De hecho, hasta se conoció el interés de varios inversores, como unos empresarios venezolanos que pusieron sobre la mesa hasta 6,5 millones de euros con la intención de instalar una fábrica de baterías de coches eléctricos y una refinería de aceite, aunque la operación no se llegó a materializar.
En los terrenos que debían estar llenos de todoterrenos y de trabajadores —más de 500 empleos directos se llegaron a prometer—, hay contenedores de basura, los antiguos que se retiraron de las calles de Jerez tras la llegada de la nueva concesionaria de limpieza viaria, la UTE formada por FCC, Cointer y Equal, a la que el Ayuntamiento, actual propietario de la parcela, se la cedió para este uso. “Esto es injusto”, comentaba Manuel a este periódico. Zahav, que inicialmente anunció una inversión de 50,7 millones de euros —posteriormente se habló de más de 92 millones— y la creación de, al menos, 540 empleos directos, se fue de la ciudad sin construir ni un solo coche y dejando vidas condicionadas para siempre, como la de este empresario.
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