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El gobierno local 'borra' los dos años de secuestro del servicio de autobuses para tratar de enmascarar internamente y ante la opinión pública la subida salarial y las mejoras que empezarán a aplicar a la plantilla tras ser municipalizada y tras aprobarse un nuevo convenio al alza.

Nota de prensa que remitió ayer por la tarde el Ayuntamiento y que se ha publicado en los medios de la ciudad.

Era Goebbels, el ministro de propaganda nazi, el que decía "manipula que algo queda". Y algunos parecen seguir esos dictados a pies juntillas para tratar de confundir permanentemente a la opinión pública. Si bien hay ocasiones en las que ya se llega sobradamente a rizar el rizo, hay otras veces, ayer mismo, en las que se da el triple salto mortal no ya para manipular sino para directamente convertir lo blanco en negro. Quizás usted no lo sepa pero la información en exclusiva que adelantó hace algo más de una semana LVDS Jerez sobre las mejoras en el convenio de la plantilla de los autobuses urbanos (absorbida por la empresa 100% municipal Comujesa tras dos años de secuestro de la concesión) no solo ha causado un profundo malestar entre el resto de trabajadores municipales, sino que desde entonces el gobierno local del PP, caza de bruja incluida para "hallar al filtrador", ha tratado de buscar la forma de vender ante la opinión pública un asunto claramente dañino para sus intereses. Sobre todo, si se tiene en cuenta la política de recortes salvajes y mermas para el personal que viene llevando a cabo en estos tres años de legislatura.

A la vista de que nadie entendería esta mejora salarial recién aprobado un nuevo Plan de Ajuste que prevé más despidos (nadie del gobierno local es capaz de desmentir este extremo) y recortes, la solución para el equipo que preside la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha pasado por borrar cara al público los dos últimos años de secuestro y retrotraerse al convenio que regía entre el colectivo de los autobuses cuando aún era la empresa Urbanos Amarillos la concesionaria. Pero eso no es cierto, pues ya la plantilla firmó para estos dos años de secuestro una bajada de la masa salarial de un 20%. Bajada que se traduce en un recorte en las retribuciones de un 6%, aumento de la jornada laboral con reducción de contrataciones y eliminación de diez días de asuntos propios pagados.

Por tanto, lo que el PP ha hecho ahora es sencillamente renegociar el convenio al alza: subir un 3% y aplicar otras mejoras como el abono del 100% de cinco días de asuntos propios y aplicar una reducción de media hora en la jornada laboral. Esto último no es baladí, y no solo porque sea ilegal con la legislación vigente en la mano, sino porque además supone un fuerte gasto ya que el horario de los autobuses seguirá idéntico, por lo que habrá que contratar a personal de la bolsa para cuadrar y desembolsar, por tanto, más dinero. En todo caso, el argumento popular sería tan fácilmente explicable como publicar cuánto se cobraba el año pasado y cuánto se pasará a cobrar a partir de ahora.

Tanto el aumento salarial como la reducción de jornada no son medidas permitidas legalmente. Si la ley de Presupuestos obliga a la congelación salarial de los empleados del sector público, otra de sus disposiciones impide reducir la jornada a menos de 37,5 horas a la semana, aunque el gobierno local se permite llamar la rebaja en media hora como de "cortesía" para dar apariencia de legalidad. Hasta febrero del pasado año la plantilla de autobuses percibía un salario medio en torno a los 37.000 euros brutos anuales.

Tras un primer tercio de legislatura acosada por las huelgas y los conflictos laborales, especialmente con los autobuses que llegaron a alcanzar las 12 semanas de huelga consecutivas, la alcaldesa Pelayo no tuvo más remedio que ceder a las pretensiones de la plantilla en contra del propio criterio del equipo de gobierno popular, que incluso encargó informes para desaconsejar la gestión directa del servicio. A menos de once meses para las elecciones, la regidora popular y su gobierno mantienen la dinámica de comprar la paz social con los colectivos laborales más beligerantes de la ciudad mientras mira para otro lado con otros e incluso sigue metiendo el miedo en el cuerpo a la plantilla municipal. Ahí reside el verdadero quid de esta cuestión, más allá de que en condiciones normales no habría nadie que no deseara que las condiciones sociales y laborales de los trabajadores mejorasen. 

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