El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado este lunes una Declaración Institucional suscrita por todos los grupos de la Corporación Municipal en favor de un modelo de ciudad universalmente accesible. El texto, leído por la alcaldesa, María José García-Pelayo, reafirma el compromiso municipal con la eliminación de barreras físicas, sensoriales, cognitivas y digitales, y coloca la accesibilidad como eje vertebrador de las políticas públicas locales.
La declaración subraya que la accesibilidad universal es una condición esencial para garantizar la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible. En su lectura, García-Pelayo ha insistido en que avanzar hacia entornos accesibles no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a mayores, menores y a quienes atraviesan situaciones temporales de movilidad reducida, mejorando así la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.
El documento recuerda que la accesibilidad es un derecho reconocido en la normativa internacional, estatal y autonómica, y una obligación para las administraciones públicas. El texto incide en que sin accesibilidad no es posible garantizar la igualdad real ni el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y señala el papel central de las ciudades en la transformación hacia entornos plenamente inclusivos.
Diseño universal y participación ciudadana
Entre las líneas de actuación prioritarias recogidas en la declaración figuran la mejora de la accesibilidad en calles, plazas, edificios públicos, vivienda y zonas verdes, así como el impulso de un transporte público sostenible e inclusivo. La alcaldesa ha subrayado también el compromiso de reforzar la accesibilidad digital, garantizando que la información, las webs y las aplicaciones municipales sean comprensibles y utilizables por todas las personas.
Cooperación y rendición de cuentas
El texto apuesta igualmente por promover el diseño universal desde el origen en todos los proyectos, evitando adaptaciones posteriores, e impulsar la formación y la innovación tecnológica inclusiva. En el plano institucional, la declaración recoge la necesidad de asegurar recursos suficientes, establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, e incorporar de forma transversal la perspectiva de género, ciclo vital y diversidad.
El documento concluye que una ciudad accesible es una ciudad más justa, democrática y habitable, e invita a instituciones y ciudadanía a sumarse a este compromiso colectivo.