Tercera derrota judicial consecutiva, y esta vez con condena en costas incluida. La dirección de Jerez UTE FCC MA Azsuma Equal, la concesionaria municipal de limpieza viaria y recogida de residuos en Jerez, ha vuelto a fracasar en su intento de perseguir por la vía penal a Juan Manuel Valero Fernández, presidente y portavoz del Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (Silje). Lo ha hecho público el propio sindicato, que habla del “rotundo fracaso judicial” de la empresa.

La clave está en el auto n.º 597/26 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Jerez. Desestima íntegramente el recurso de apelación de la compañía, al que también se oponía el Ministerio Fiscal. Con esta resolución, el tribunal confirma por tercera vez consecutiva el sobreseimiento, es decir, el archivo de la causa penal contra el máximo representante del sindicato. Además, impone a la empresa la condena en costas procesales.

Para Silje, la resolución "deja al descubierto una burda maniobra de intimidación sindical ejecutada con una pasmosa torpeza jurídica por parte de la dirección de Jerez UTE". El sindicato desgrana en su comunicado dos argumentos del auto que, a su juicio, desmontan por completo la ofensiva de la concesionaria.

Una "investigación prospectiva" contra un portavoz incómodo

El primero tiene que ver con quién puede denunciar. La empresa aseguraba actuar en defensa de los datos personales de la plantilla. Pero, según relata el sindicato, los magistrados le recuerdan una lección básica de Derecho Penal: la compañía no es la "persona agraviada" y ni un solo trabajador ha presentado denuncia alguna contra Valero.

Hay más. La empresa anunció un supuesto informe pericial externo que, siempre según Silje, jamás aportó durante la instrucción. Toda la supuesta trama quedó reducida al envío de correos a su propia pareja, también trabajadora de la empresa, y de dos a un compañero. La Audiencia concluye “de forma demoledora”, en palabras del sindicato, que lo que la empresa pretendía realmente era llevar a cabo una "investigación prospectiva" improcedente en Derecho. Es decir, según Silje, "utilizar un juzgado de instrucción como agencia de detectives para investigar a un portavoz sindical incómodo".

El segundo argumento apunta a la propia actuación procesal de la empresa. Según el sindicato, la Audiencia le afea su "falta de diligencia". Su representante legal no acudió a ratificar la denuncia contra el presidente de Silje alegando problemas de salud, y pretendía esperar "de brazos cruzados a que el juzgado adivinara cuándo se había recuperado para volver a citarlo". El auto le reprocha literalmente que "debió actuar con mayor diligencia".

El sindicato lo remata así: "Demuestran mucha soberbia para intentar descabezar a un sindicato en los tribunales, pero cero diligencia hasta para ir a firmar sus propias denuncias".

El comité de empresa y el Ayuntamiento, en la diana

Silje no se queda en la victoria judicial. En su comunicado dirige también sus críticas al comité de empresa, al que traslada, con evidente ironía, sus "sinceras felicitaciones". Le agradece públicamente su papel como "auténticos representantes de los intereses de la empresa" y lo acusa de seguir frenando y manteniendo paralizadas las elecciones sindicales para impedir que la plantilla vote libremente.

Mientras tanto, denuncia el sindicato, se deja "a los pies de los caballos a un compañero apoyándose en denuncias espurias, infundadas y archivadas hasta en tres ocasiones por los tribunales". Y lanza una pregunta directa: "Si de verdad no se les cae la cara de vergüenza ante los trabajadores a los que dicen representar".

La última andanada va contra el gobierno municipal. Silje interpela directamente a la Alcaldesa de Jerez y al concejal de Medio Ambiente —Jaime Espinar—, a quienes señala como máximos responsables políticos de fiscalizar el mayor contrato público del Ayuntamiento.

El sindicato quiere saber si el gobierno municipal está "orgulloso" de que su socio concesionario utilice los tribunales para intentar amordazar al portavoz de un sindicato. Lo hace, subraya, cosechando tres derrotas judiciales consecutivas mientras se bloquea la democracia sindical en la plantilla.

Por último, el sindicato pone sobre la mesa la cuestión del dinero. "Sería muy instructivo", señala, que la alcaldesa y su delegado de Medio Ambiente explicaran a la ciudadanía quién paga las minutas de los abogados para estas “cacerías sindicales fallidas” y las costas a las que acaba de ser condenada la UTE. En concreto, si se sufragan también con el dinero del canon municipal que sale del bolsillo de todos los jerezanos.