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Los sindicatos intentan reunirse con Susana Díaz para mostrarles la "contradicción" que para ellos supone que el Gobierno andaluz intente aplicar las 35 horas semanales y el Ayuntamiento las 37,5 horas.

Los sindicatos SIP y CGT trasladan sus propuestas al Parlamento andaluz, donde manifestaron una vez más su postura contraria al Plan de Ajuste aprobado por el gobierno local con el apoyo de Ganemos Jerez. Hasta tres autobuses con empleados municipales se trasladaron a la capital andaluza, donde desenfundaron los pitos y pancartas para hacerse oír.

Los manifestantes intentaron, sin éxito, reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para trasladarle su postura ante un conflicto que se prolongará en el tiempo si sigue sin haber entendimiento entre gobierno local y sindicatos.

Los sindicatos tenían intención de verse con Díaz para hablarles de la "contradicción" que, según ellos, tienen las actuaciones del gobierno autonómico y el local. El primero pretende mantener la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos, con enero como previsible fecha de implantación, y el segundo acaba de aprobar la aplicación de las 37,5 horas que deben hacerse por ley. Una situación que, estando ambas instituciones gobernadas por el PSOE, no se explican desde las secciones sindicales.

“Nos extraña que un partido socialista, de izquierdas, de obreros, se dedique a perseguir a los representantes de los trabajadores”, apuntaba esta misma semana Antonio Saborido, delegado sindical de CGT, en una entrevista en la emisora de radio LaFM, donde aseguró: “Somos responsables, somos gente de bien, pero si quieren meternos la mano en el bolsillo y quitarnos nuestros derechos y libertades que hemos conseguido después de muchos años… Nos sabe muy mal que un gobierno de izquierdas venga a restringir las libertades”.

La tensa situación hace que no paren de llover denuncias entre gobierno local y sindicatos. El Ayuntamiento, por sospechar que miembros de los sindicatos realizan labores sindicales en horas de trabajo, los sindicatos por considerar que el gobierno local prevarica al pagar libranzas a altos cargos.

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