Siete residentes del bloque 3 de la barriada La Constitución reivindican a la administración que costee los impagos a la comunidad del resto de los inquilinos de viviendas sociales para financiar el arreglo.
El bloque 3 de la barriada La Constitución —popularmente conocida como el Mopu— tiene averiado el ascensor desde el pasado 13 de mayo. Ángeles, vicepresidenta de la comunidad de vecinos, informa que el elevador todavía no se ha arreglado porque de los 36 vecinos que hay en todo el inmueble, solo siete llevan al día los pagos a la comunidad. "Hay algunos que acumulan deudas desde 2015. Hemos presentado escritos a la Junta, de que deben recibos a la comunidad, y la administración no nos hace ni caso", afirma la vicepresidenta de la comunidad del bloque afectado. Este año, otros pisos como el número 10 han tenido la misma avería y han exigido a la Junta que solucionase el problema. No obstante, la administración no hizo nada y hace cuatro meses que los vecinos del bloque 10 se costearon el arreglo.
En el número 3, la falta de ascensor ha obligado a que un vecino de la sexta planta se marche de alquiler a otra vivienda, debido a que su esposa tiene Alzheimer y tiene dificultades para bajar las escaleras. Pero las más afectadas son las residentes del último piso, como Ángeles, que vive en el octavo, otra vecina octagenaria que tiene un marcapasos y el caso de una inquilina con leucemia que tuvo que moverse desde la azotea del bloque 3 hasta la del número 1 para poder bajar por el ascensor de este en dos ocasiones y poder ir al hospital a hacerse transfusiones de sangre. Hasta que finalmente la mujer ha fallecido recientemente. La situación es límite para este vecindario, de la cual 29 residentes tienen impagos a la comunidad.
"Hay algunos —vecinos— que acumulan deudas desde 2015"
"La Junta debe hacerse cargo de los vecinos que no pagan. ¿Cómo? Depositando ella misma el dinero o llegando a un acuerdo con la empresa del ascensor. ¿Por qué? La Junta es la dueña del edificio", reivindica Ángeles, que está desesperada por hallar una solución urgente. El próximo 13 de noviembre los vecinos cumplirán seis meses sin ascensor y la única respuesta que han recibido por parte de la Junta es que "le va a mandar una carta a aquellos que no pagan". Ante esta medida, Ángeles piensa que no les queda más solución que aguantar. No obstante, algunos partidos han tomado cartas en el asunto, como por ejemplo el diputado autonómico del PP, Antonio Saldaña, que ha solicitado a la Junta que "se haga cargo de los gastos de comunidad de las viviendas sociales que son de su propiedad" con el fin de "evitar lo que está ocurriendo en el bloque 3 de la barriada de La Constitución".
Si bien el bloque 10 pudo financiar el arreglo del ascensor gracias a la contribución monetaria de todos los residentes, en este caso en el número 3 no se puede llevar a cabo la rehabilitación del elevador porque 29 de 36 vecinos no pagan la comunidad. De ahí que la Junta deba hacerse cargo del impago de dichos vecinos que están en viviendas sociales. Por último, el PP "considera intolerable que la Junta de Andalucía incumpla sus obligaciones legales con las comunidades escudándose en que sus inquilinos no pagan cuando la ley y la jurisprudencia le obliga a hacer frente a esos gastos, con independencia de que después los repercuta a los inquilinos".
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