Sandra, nombre ficticio por petición expresa de la interesada, llegó hace menos de dos años a Jerez, procedente de Santander, donde vivía con su antigua pareja, padre de sus dos hijos, una niña de cinco y un niño de siete años. Lo hizo porque huía de él. “Me dio una paliza que casi me deja en coma”, recuerda. En la ciudad intentó rehacer su vida, empezar de cero y olvidar un pasado que le atormentaba. Su llegada le sirvió para cambiar de aires, encontrar una nueva pareja e incluso un trabajo, aunque con unas condiciones muy lejos de ser dignas, como camarera de una pizzería en la que está durante los fines de semana, donde gana entre 200 y 300 euros mensuales. Su pareja cobra una ayuda de 426 euros, insuficientes, dicen, para criar a sus hijos y pagar un alquiler con normalidad.
Sandra, al fondo, recibiendo a la comisión judicial que ejecuta el desalojo. / MANU GARCÍA.
Así, comentan, se decidieron a okupar una vivienda, en el número 2 de la calle Santa Antonia, en la barriada San José Obrero. Una estancia que tenía fecha de caducidad: el juzgado fijó el lanzamiento para este 30 de enero. El propietario del inmueble, el Banco Santander, la denunció por lo penal al “quedar acreditado que la acusada se introdujo, sin conocimiento ni consentimiento de la propiedad, en una vivienda que sabía deshabitada, pero no abandonada, con la pretensión tal y como no tuvo reparos en reconocer, de ocuparla y mantenerse en ella”, como recoge la sentencia.
“Necesitamos poder vivir”, exclama entre lágrimas Sandra en la puerta de la vivienda, cuando personal del juzgado se presenta en ella para proceder al desalojo, y mientras le quitaban la cerradura para cambiarla por otra. “El juzgado no tiene capacidad para paralizar el desahucio, tiene que ser el banco, nosotros solo aplicamos la ley”, expone una representante de la comisión judicial. “No hay nada ni nadie que pueda suspender esto”, agrega un compañero. Por eso Sandra y su pareja, Sonia, vaciaron la vivienda y metieron toda su ropa, muebles y enseres en coches para realizar una mudanza que terminaron sobre las cuatro y media de la mañana.
Intentaron conseguir un alquiler social, pero un escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que ayuda a esta familia, recoge que “los servicios jurídicos del Santander nos han indicado que los ingresos de las residentes en la vivienda resultan insuficientes para suscribir un alquiler social”, por lo que aunque “comprenden la situación” y afirman que “aceptarían un aplazamiento del lanzamiento durante un plazo prudencial”, finalmente se ha terminado ejecutando.
Sandra, enseñando la carta recibida por la Casa del Rey. / MANU GARCÍA.
"El banco las hace creer que tenían opción de optar a un alquiler social hasta el último momento, confiamos en ellos y las han terminado echando a la calle con dos menores", dice la allegada a la familia. Además, critica que "el abogado de oficio no las avisó de que había recibido la sentencia con la fecha del lanzamiento. La pareja hasta solicitó ayuda a la Casa del Rey, que respondió hace escasos días: "El asunto que plantea está fuera del ambito de actuacion de esta Casa, pero se ha dispuesto el traslado a las Consejerias de Igualdad y Políticas Sociales y de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por si pueden facilitarle la ayuda que precisa", recoge la misiva.
Sandra y Sonia, y los hijos de la primera, salen así de la que ha sido su vivienda durante el último año y medio, en dirección a otra, con una nueva okupación como primera opción. “No podemos pagar un alquiler”, sostiene Sandra, que no para de llorar durante los escasos minutos que la comisión judicial tarda en realizar los trámites necesarios para recupera la vivienda. “Dado que sus recursos económicos les impiden acceder a una vivienda a precio de mercado, los servicios sociales de Jerez han estado intermediando con el Banco Santander, propietario de la vivienda, para solicitar que les sea realizado un alquiler social”, recoge el escrito de APDHE.
"Los servicios sociales y la empresa de vivienda nos informan que están en marcha los trámites para la concesión de una vivienda social”, apunta el documento, de hecho, ambas figuran como demandantes de vivienda. La sentencia del juzgado de Instrucción número 1 de Jerez reseña que se les impone una multa de dos euros diarios durante tres meses como autoras de un delito leve de usurpación. “El banco no está por ayudar”, las avisaban las representantes legales de Sandra y Sonia días antes del lanzamiento, una amenaza que se terminó cumpliendo, por lo que deben empezar de nuevo. Por enésima vez.
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