Pelayo y Saldaña, en el anterior mandato, antes de acceder a la sala de prensa municipal para una rueda. FOTO: JUAN CARLOS TORO
Pelayo y Saldaña, en el anterior mandato, antes de acceder a la sala de prensa municipal para una rueda. FOTO: JUAN CARLOS TORO

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña (PP), ha asegurado, tras la noticia publicada en exclusiva por La Voz del Sur de que ha sido llamado a declarar como imputado por el 'caso Urbanos Amarillos' el próximo 14 de abril, que tiene "las manos limpias y la conciencia tranquila". Junto a él, la querella de la empresa sevillana por presuntos delitos de apropiación indebida, prevaricación, competencia desleal y fraude ha conllevado su imputación y la de otras 12 personas entre delegados municipales -Javier Durá, Enrique Espinosa y Agustín Muñoz-, técnicos del Consistorio y dos miembros del antiguo comité de empresa del transporte urbano. Además, el juez de instrucción insta, llegado al caso, a continuar la acción penal contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, en el Tribunal Supremo dada la condición de aforada de ésta al ser senadora.

En todo caso, el vicealcalde y número 3 del PP provincial en la candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo asegura que se trata de una estrategia de la empresa para "coaccionar las decisiones de los políticos" en el proceso de liquidación de la misma que se está negociando. A preguntas de los periodistas sobre el asunto, recogidas por Europa Press, Saldaña ha explicado que la querellante tiene una "larga tradición de intentar influir y meter temas de gestión en los procesos electorales", recordando que ya lo hizo "de la mano de la anterior alcaldesa socialista" -en alusión a Pilar Sánchez- en las elecciones municipales de 2011.

No obstante, pese a ese tinte electoral del que habla, ha apuntado a continuación que esto es una ampliación de la querella presentada "hace poco". Si bien dicha demanda penal se tramitó en el verano de 2014 por la empresa tras la decisión que adoptó el Ayuntamiento de secuestrar en un primer momento el servicio de autobuses porque "no estaba funcionando y había huelgas importantes", optándose finalmente por "una solución que plantea la ley que es la del rescate" del servicio. Al tiempo, ha explicado que esto supone que "hay que liquidar con la empresa la prestación del servicio", lo que "se lleva tiempo negociando" por parte de los responsables técnicos. En todo caso, ha destacado que todo se hizo "con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) favorable en relación a los procedimientos que siguió el Ayuntamiento".

E igualmente ha opinado que, en el marco de esa negociación, la empresa ha optado por una "mala praxis" y recurrir a la vía penal para "incidir en la negociación de los técnicos de la liquidación". Al tiempo, ha recordado ante los periodistas que la querella inicial no le incluía a él ni a otros tantos responsables del Consistorio pero sí a la alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), que incluso "renunció a su condición de aforada" para acudir a declarar en sede judicial. No dice Saldaña que a la condición de aforada no se puede renunciar sin previa dimisión del cargo, en este caso, de senadora, tal y como el propio magistrado reiteró en noviembre pasado ante la insistencia de Pelayo por declarar de manera voluntaria y la negativa del propio juez.

Por ello, el propio titular del Juzgado de Instrucción número 4 insta a Urbanos Amarillos, si procede, a que acuda al Supremo para que sea quien tome declaración a Pelayo en calidad de imputada. En cualquier caso, el vicealcalde ha insistido sosteniendo que "la jugada no le salió bien" a la empresa entonces y, por ello, ha optado por ampliar la querella incluyéndole a él como máximo responsable del Ayuntamiento tras la alcaldesa, a tres delegados municipales más y a técnicos como medida de "presión". Por último, Saldaña ha asegurado que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de recurrir la admisión a trámite de la ampliación de la querella.

El Ayuntamiento denuncia a Urbanos Amarillos por estafa procesal

El Ayuntamiento ha anunciado que denunciará a la empresa Urbanos Amarillos por un posible delito de estafa procesal, al entender que está utilizando las querellas presentadas contra miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales, "a sabiendas de que no se ha cometido ningún delito", con el objetivo de "presionar para obtener un beneficio en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa". En un comunicado, el Ayuntamiento explica que el equipo de gobierno del PP ha decidido poner el asunto en manos de la justicia para aclarar este extremo. Asimismo, insiste en manifestar su "máxima tranquilidad" ante la ampliación de querella presentada por Urbanos Amarillos, al considerar que "no tiene ningún fundamento" y que "es un paso más para mantener vivo el tema en los tribunales, además de ser un caso flagrante de deslealtad de la empresa en las negociaciones".

El Ayuntamiento recuerda que en el proceso de liquidación se ha incluido la valoración de los autobuses adquiridos en la época del PSOE, por lo que "no se entienden las acusaciones vertidas en la querella". Asimismo, insiste en que la resolución del contrato con Urbanos Amarillos y la asunción de la gestión directa del servicio cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. De esta manera, desde el gobierno municipal se entiende que "la forma de actuar de la empresa obliga a denunciar esta situación, ya que la actitud que se ha mantenido y que se sigue manteniendo desde el Ayuntamiento en el proceso de liquidación es la vía del diálogo y negociación" frente a querellas de la empresa que "no responden a la realidad del proceso".

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