Elplural.com publica que el juez ha apremiado a la Policía Judicial y a la IGAE para que remitan la "valoración e informes" pendientes sobre las presuntas relaciones de la trama de Correa con el Ayuntamiento en la anterior etapa de María José García-Pelayo como alcaldesa. Puede ser una de las claves para explicar por qué la actual regidora y senadora no ha sido aún proclamada como candidata a la reválida dentro de apenas diez meses.
Cuando el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional reabrió la pieza 'Ayuntamiento de Jerez' del caso Gürtel a finales de marzo pasado dio traslado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la documentación que el Ayuntamiento de Jerez remitió al TSJM el 17 de mayo de 2011 para que realice una “valoración e informe”. Según publica elplural.com, el magistrado habría perdido la paciencia una vez más con la lentitud en quienes han de surtirle de los informes que le permitan avanzar en la investigación de la mayor trama de corrupción de España. "Estos días a quienes ha exigido que le den de una vez informes pendientes ha sido a la policía judicial, la UDEF, y a la Intervención General del Estado (IGAE) por un asunto que lleva intentando cerrar meses: las supuestas corruptelas en el Ayuntamiento de Jerez y el ‘grupo’ de Correa", señala el diario digital.
De esta manera, el magistrado estaría metiendo prisa especialmente a la IGAE para contar cuanto antes con su valoración acerca de los documentos que, más allá del informe de la UDEF, realizó la anterior alcaldesa sobre las presuntas vinculaciones del Consistorio y la trama corrupta durante la anterior etapa del PP en la Alcaldía. Si la policía judicial ya dejaba clara en sus conclusiones la "implicación directa" tanto de Pelayo como de su por aquel entonces delegado de Promoción y teniente de alcalde, Bernardo Villar, ahora Ruz quiere nuevas valoraciones sobre el resto de documentación que se envió al TSJM y que el juez Pedreira archivó por desarrollarse los hechos "fundamentalmente en Andalucía".
Una vez que Ruz tenga en su poder esta nueva documentación Pelayo podría ser imputada, si bien el propio magistrado señalaba en su auto que la investigación quedaba reabierta “sin perjuicio de que pueda acordarse la inhibición del tribunal competente” por la condición de aforada de la también senadora popular. Lo que sí evidencia esta información adelantada por elplural.com es que, lejos de minimizarse, la investigación de la Gürtel versión Jerez avanza con paso firme y podría haber novedades relevantes en otoño, a escasos meses para las elecciones.
No escapa a nadie, y así lo corroboran distintas fuentes a LVDS Jerez, que en el seno del PP de Jerez hay una enorme preocupación por el devenir de la investigación de la Gürtel, lo que entre otras cosas podría haber motivado que se haya retrasado la proclamación de Pelayo como candidata a la reválida dentro de apenas diez meses. En público y privado la regidora popular dice que eso "no toca" o que "está en manos del partido", pero lo cierto es que la dirección provincial y regional de los populares está expectante por saber qué suerte correrá ante un juez Ruz que está decidido a meter la directa a este asunto.
El juez de la Audiencia Nacional acelera la investigación sobre Pelayo y su posible relación con la Gürtel
Pelayo, meditabunda, junto a Saldaña, en un pleno reciente.
De hecho, desde que reabrió el caso todo lo que ha estado en su mano se ha acelerado. A finales de mayo pasado firmó una providencia en la que llegó a admitir a trámite el escrito-denuncia que un grupo de técnicos municipales presentó ante la Fiscalía y en el que acusan a la regidora popular de presunto fraude de ley y contratación ilegal con la red de Correa para llevar a cabo la presencia de Jerez en Fitur en 2004.
La alcaldesa, que insiste en que su preocupación por este tema es "cero" y no le dedica "ni un segundo", no ha presentado públicamente todavía la documentación incluida en el expediente completo de Fitur 2004, tal y como se comprometió en un pleno extraordinario que convocó en el pasado mes de marzo por este asunto ante la presión de los grupos de la oposición PSOE, Foro e IU.
Como se publicó, Ruz reabrió esta pieza de la instrucción de la trama Gürtel tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que revelaba que la alcaldesa de Jerez participó presuntamente en la adjudicación de contratos presuntamente irregulares a las empresas de Correa a través de un procedimiento que se desarrolló sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos. El informe de la UDEF señalaba que en la última semana de enero de 2004 el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela del PP, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a las sociedades Special Events y Down Town Consulting, dirigidas por Correa, para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculos ecuestres y flamencos, por un montante de 214.027 euros. Estas dos compañías se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 (valorado en 162.806 euros), otro para acondicionar la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre (por 39.366 euros) y un tercero para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.
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