La Policía Nacional ha recuperado en Jerez de la Frontera un conjunto de siete documentos de valor histórico datados en el año 1937, en plena Guerra Civil Española, y que por ley se consideran de titularidad estatal, que iban a ser inminentemente subastados ilícitamente en un negocio especializado en pujas de objetos históricos y artísticos de la ciudad jerezana.
En un comunicado, la Policía ha explicado que la investigación parte de una denuncia de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte, quienes obtuvieron los primeros indicios que apuntaban a que estos documentos se estaban poniendo en circulación y venta. Así, los agentes localizaron los documentos en Jerez y procedieron a su intervención antes de que se llevara a cabo la subasta, al tratarse de escritos de titularidad pública y tener un destacado valor histórico.
Además los policías identificaron a la persona presuntamente implicada en el intento de subasta, quien figura en condición de investigado en el atestado policial que ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Primera Instancia. Este pasado martes, los investigadores de la Policía Nacional se desplazaron hasta la ciudad de Cádiz, concretamente al Archivo Histórico Provincial dependiente de la Junta de Andalucía, donde han sido recibidos por su director, Manuel Cañas, a quien se ha hecho entrega del conjunto de documentos que se encuentran en un magnífico estado de conservación.
Los documentos tienen especial valor histórico para la ciudad de Jerez, ya que reflejan los esfuerzos llevados a cabo por el famoso arquitecto Francisco Hernández Rubio y Gómez, reconocido como uno de los protagonistas andaluces fundamentales en la evolución de la arquitectura española en el cambio de siglo y padre del modernismo en Andalucía. En esa época, ejercía como conservador oficial del Monasterio de la Cartuja de Santa María de Jerez, más conocido como La Cartuja de Jerez, declarado el conjunto monumental más importante de toda la provincia de Cádiz.
En el año 1937 el monasterio ya había sido proclamado Monumento Histórico Artístico Nacional. En los documentos el arquitecto denunciaba ante las autoridades de la época los daños que estaba sufriendo el conjunto arquitectónico, principalmente localizados en lo que en la época era el Depósito de Sementales ubicado inmediatamente colindante a los muros del monasterio. Las misivas y quejas de Francisco Hernández Rubio, dirigidas a los gobernadores tanto civiles como militares del momento, exigían que los mandos militares tomen cartas en el asunto para detener los daños que se estaban ocasionando y reparar los ya producidos.
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