El diario El País publica hoy que la alcaldesa ha denunciado por coacciones al abogado del presidente del Xerez Deportivo, que asegura que dispone de una grabación comprometedora donde la también senadora del PP puede incurrir supuestamente en diferentes delitos. Desde el equipo popular restan importancia a las cintas.
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Saldaña y Rosado protagonizaron una recepción a la plantilla del Xerez DFC, el mes pasado en el Ayuntamiento.
Política y fútbol, un cóctel molotov de consecuencias siempre impredecibles. El diario El País publica hoy en exclusiva una información que ha hecho temblar los cimientos del gobierno municipal del PP en la ciudad. Si no tenía suficiente la alcaldesa María José García-Pelayo con el hecho de que el juez Pablo Ruz haya ordenado recientemente la reapertura de la pieza de la Gürtel relativa a Jerez, ahora sale a la luz la existencia de unas grabaciones ocultas que pueden resultar muy comprometedoras, supuestamente, tanto para la propia regidora popular como para su 'número 2', el vicealcalde y secretario general del PP en la provincia, Antonio Saldaña. Según expone el rotativo, Pelayo denunció el pasado marzo ante la fiscalía que el abogado Fernando de Pablos, que representa al presidente del Xerez Club Deportivo, Ricardo García, le había coaccionado a través de varias grabaciones ocultas.
De Pablos remitió una carta el pasado 3 de enero a la regidora jerezana para advertirle de que el presidente del Xerez disponía de una grabación, siempre según la noticia que publica El País en su edición de hoy, en la que García-Pelayo puede incurrir en los delitos de “cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios” durante sus charlas con el empresario y el también primer teniente de alcalde Antonio Saldaña. La misiva ofrecía en cuatro párrafos explosivos “una salida amistosa” al asunto que recogía las grabaciones: una supuesta negociación de pagos irregulares entre el Consistorio y el club de fútbol. “Mi cliente me hace entrega de la documentación suficiente, así como de diversos soportes de audio, demostrativa de la actitud, decisiones, prohibiciones y en general de la actividad desarrollada por usted y el señor Saldaña en relación al citado club deportivo”, exponía en su carta el letrado. De Pablos daba una semana a la regidora para solucionar el asunto o en caso contrario “procedería en defensa de los intereses de sus representados”.
La Fiscalía, a la que Pelayo entregó la carta, procedió a denunciar al letrado en los juzgados de la ciudad por un delito de amenazas. En su escrito, el Ministerio Fiscal pide que declare como testigos la alcaldesa y el primer teniente alcalde, el abogado como imputado y que se incorpore a la causa la mencionada carta, si bien no hace referencia a las teóricas explosivas grabaciones que pondrían en jaque a la propia Pelayo y a Saldaña. Una grabación clandestina es legal y no atenta contra la intimidad de otra persona, explica el diario citando a fuentes jurídicas, siempre que el autor de la grabación participe como interlocutor en la conversación. Y pone de ejemplo reciente más notorio la grabación de los empresarios de La Raza a los exdirectivos de Mercasevilla, que desencadenó el caso Mercasevilla y el caso ERE.
El presidente del Xerez, según recoge el rotativo, aclaró ayer que en las reuniones mantenidas en el pasado mes de septiembre Pelayo y Saldaña les pidieron que solicitaran la liquidación del Xerez ya que "se había creado otro equipo similar en la ciudad (Xerez DFC) al que el Ayuntamiento apoyaba". A cambio, el Consistorio les pagaría un millón. Sin embargo, como los empresarios no accedieron, no salió a colación el método de pago, según el relato de García. “Fuimos a esas reuniones con nuestro proyecto de viabilidad para el equipo y ni lo vieron, pedían que liquidáramos y listo. Nos dijeron: no os preocupéis, que cobrar vais a cobrar. Tenéis que pedir la liquidación, pero ya”, afirma el empresario en declaraciones recogidas por El País. Desde el gobierno local restan importancia a las cintas y en la información publicada hoy Saldaña asegura que Ricardo García grababa los encuentros porque pretendía conseguir que el Ayuntamiento ofreciera alguna cantidad económica y eso no ocurrió. “Siempre hemos dejado muy claro que no daríamos ni un euro” por la disolución, tras conocer ayer mismo la denuncia que ha presentado la Fiscalía.
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