Una concentración, mientras se celebra el pleno de junio en el Ayuntamiento de Jerez, tiene lugar en la puerta de la casa Consistorial para protestar por el estado de la Educación pública. Contra la privatización de la FP, aclaran sus convocantes.
"No al caos, la improvisación y los recortes en la escuela pública", es el lema de la protesta que organizan la Marea Verde y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de Jerez, que alerta sobre "las recientes amenazas de supresión de ciclos formativos en la red pública de nuestra ciudad".
"Jerez de la Frontera se ha convertido en un municipio paradigmático en el proceso paulatino de privatización que los estudios de Formación Profesional están sufriendo. La amplísima oferta privada existente, se ha visto incrementada de forma sustancial con el desembarco en nuestra ciudad de los grupos empresariales y Albor Croft/Grupo Ilerna y Medac", señalan desde Flampa y Marea Verde.

"El enorme consenso político y social que existía en nuestra ciudad en la dirección de reclamar una oferta pública de Formación Profesional reglada más amplia, medida respaldada ya hace años por el conjunto de fuerzas políticas de la ciudad, el Consejo Escolar o el Consejo Económico y Social, no ha sido escuchada por las administraciones educativas", se quejan los convocantes.
Marea Verde y la Flampa critican que, ante la falta de oferta pública y la alta demanda del alumnado, "sus familias se ven obligadas al desembolso de una importante matrícula, en unos centros educativos cuyos estándares de calidad están muy lejos de los ofertados por la red pública".
Conexión con fondos de inversión de Israel
Durante la protesta, se critica también la conexión de empresas como Medac con el fondo de inversión estadounidense KKR, que tiene vínculos con Israel, por lo que el grupo Profesorado por Palestina, pide la revocación de la concesión administrativa de las instalaciones de Chapín a esta empresa.

Una propuesta que canaliza La Confluencia, que lleva este asunto a pleno. "La educación del profesorado no puede quedarse al margen del genocidio palestino. Si la educación olvida los derechos humanos, no es educación", señalan los convocantes, durante la lectura de un manifiesto.
"Para erradicar el odio y la xenofobia, combustible de las próximas guerras, se requiere el compromiso de quienes participamos de manera directa o indirecta en la educación de la juventud. La crueldad del exterminio en Gaza supera cada día lo imaginable", sostienen desde Marea Verde y la Flampa.
"En Gaza, la guerra ha eliminado el derecho a la educación y 17.000 niños y niñas han muerto en Gaza desde octubre de 2023. Los cursos educativos 2023-24 y 2024-25 se han suspendido para 635.000 menores", proclaman.
Piden que Medac no utilice Chapín
En el pleno de Jerez, se concentran para pedir al Ayuntamiento que rompa el convenio con Medac, para que deje de utilizar instalaciones municipales para impartir FP, por su vinculación con el fondo KKR.
Este fondo, "en 2021, KKR compró por 200 millones la empresa malagueña Medac, que ostenta el monopolio de la FP Dual en toda Andalucía. El fondo KKR ha logrado su objetivo de crear un gigante educativo dentro del Estado español, llamado Davante", señalan.
"El conglomerado de empresas educativas en manos del fondo KKR se encuentra al frente de decenas de centros de formación online y presencial dentro del Estado", alertan desde Marea Verde y Flampa, que critican que Medac "es la responsable de destrozar la Formación Profesional pública por falta de inversión y está provocando que muchos jóvenes tengan que acudir a la privada".
Habla un refugiado palestino
Luego es un refugiado palestino, Amer Filali, el encargado de leer otra parte del manifiesto, quien se queja de que "una de las empresas que se enriquece con la explotación de la población palestina haga negocio gestionando las instituciones deportivas de esta ciudad".
"Las perspectivas de trabajo y de tener una vida segura y saludable bajo la ocupación israelí son muy limitadas. Millones de palestinos y palestinas ven negado su derecho a desplazarse y viven separados de sus familias. Carecen de acceso a los servicios básicos y sufren continuas amenazas a su integridad física y a la de sus bienes. La estrategia es sencilla. Hacer la vida imposible a la población para provocar el abandono del territorio", proclaman como un resumen de una situación que en octubre cumplirá dos años.



