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La exalcaldesa ingresa en la prisión sevillana, 48 horas después de que fuese rechazado el último recurso presentado, donde cumplirá la condena de cuatro años y medio por el caso PTA.

La exalcaldesa Pilar Sánchez ha ingresado este domingo en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde cumplirá condena por el caso PTA, de cuatro años y medio de prisión, por considerar probada su mediación para favorecer la instalación de una empresa en el Parque jerezano. La Audiencia Provincial de Cádiz anunció este viernes que no aceptaba el recurso de súplica presentado por la defensa de la exalcaldesa, a la que dio un breve plazo para que ingresara en prisión.

Fue a última del domingo cuando Pilar Sánchez llegó a la cárcel de Alcalá, tras mantener la incógnita hasta el último momento, ya que no quiso desvelar qué cárcel elegiría para cumplir condena. A la exalcaldesa se la condena por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos la evaluación de la empresa sevillana TISA, para favorecer así su instalación en el PTA.

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara "con cariño" y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

Por este caso también se ha condenado a la delegada de Medio Rural de aquel entonces, y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso.

Pilar Sánchez se convierte así en la segunda regidora de la ciudad que ingresa en prisión, tras Pedro Pacheco, que lleva año y medio en Puerto III por enchufar a dos compañeros de partido en el Ayuntamiento. El caso de la tercera y anterior regidora, María José García-Pelayo, investigada por el Supremo por su supuesta vinculación con la trama Gürtel, se está dilatando por su condición de aforada –era senadora y ahora diputada en el Congreso–.

Los tres exalcaldes coincidieron hace unos días en la Audiencia Provincial, donde declararon por el caso de la estación de autobuses, por el que el fiscal pide para Pacheco otros siete años de cárcel. Ese día Sánchez declaró ante los medios: "No me llevé nada, ni participé de ningún expediente", y llegó a asegurar: "Me ha salido muy caro ser alcaldesa de Jerez".

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