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El TSJA da la razón a la agrupación de técnicos municipales en su denuncia contra el anterior gobierno del PP, que no dio respuesta a 34 escritos demandando información en materia de personal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Agrupación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) tras su apelación al fallo en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de la ciudad. El Alto Tribunal andaluz considera que el gobierno de la exalcaldesa María José García-Pelayo "lesionó" el derecho fundamental a la libertad sindical de esta organización al "obstruir" el acceso a diferente información solicitada durante los años 2013 y 2014. El anterior ejecutivo del PP llegó a recibir 34 escritos de la ATMJ demandando diferente información oficial, sin que en ningún momento obtuviese respuesta alguna. "No concurriendo causa que justifique la denegación de la petición de información, resulta preciso concluir que la actividad administrativa impugnada restringe indebidamente el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical", sostiene un fallo judicial para el que no cabe ya recurso alguno.

Es más, el TSJA exige al Ayuntamiento que facilite en todo momento las informaciones requeridas y cese en "sus actuaciones obstruccionistas". La sentencia se ha conocido en el transcurso del pleno ordinario de julio, justo en el momento en que se debatía la aprobación inicial de la nueva ordenanza de Transparencia del Consistorio, la cual ha salido adelante por unanimidad. En medio de los reproches de los ediles del PP, el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, ha hecho público el fallo judicial y ha contrastado la situación que refleja con el cambio de rumbo en el Ayuntamiento a raíz de que en diciembre pasado se pusiera en marcha el Portal de Transparencia. 

El TSJA también entiende que la información que se requería "resulta precisa para el adecuado ejercicio de la defensa de los intereses propios de los empleados que el sindicato representa, resultando evidente el interés de aquel a la hora de ofrecer a sus afiliados toda la información precisa en orden a solicitar traslados, participar en los procedimientos de movilidad del personal, y desde luego, controlar las plazas que vayan quedando vacantes; los nombramientos funcionarios/labores sin procedimientos de libre concurrencia; la concesión de productividades sin valoración y sin criterios objetivos; los planes de ajuste y las subidas salariales, horas extraordinarias (...)". 

Esta actuación  “obstruccionista” a la entrega de informaciones solicitadas, que según ha recalcado el ejecutivo socialista caracterizó el gobierno presidido por María José García Pelayo, "contrasta con la línea emprendida por el actual gobierno, que el 10 de diciembre del año pasado implantó el Portal de Transparencia, uno de los más completos del país y que ha presentado al pleno una  Ordenanza  de Transparencia, acceso a la información y reutilización, cuyo origen viene de la propuesta que Ganemos efectuó en la Comisión de Auditoría y Transparencia".

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