Pedro Pacheco volvería hoy a firmar el convenio que lo ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados por el caso ‘Huertos de Ocio’. El exalcalde, al que la Fiscalía considera que aprobó con una promotora una permuta que provocó un menoscabo económico al Ayuntamiento de Jerez en los tiempos en que era presidente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tiene claro que su acusación “se derrumba como un suflé” porque ni pactó dicha permuta con el promotor “ni había ningún informe que dijera que la misma no estuviera bien hecha”.
Pacheco, a quien fiscalía pide cinco años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y estafa, afronta su cuarto escollo con la Justicia y espera eludir la cárcel que abandonó hace poco más de un mes. Como se recordará, el caso Huertos de Ocio se remonta nada menos que al año 2003, cuando la GMU que él presidía firmó con una promotora inmobiliaria la permuta de 13 hectáreas de unos huertos de ocio que el Ayuntamiento había cedido a unos parcelistas a cambio de un antiguo casco bodeguero situado en el entorno de Pío XII. Según el ministerio público, dicha permuta le hizo perder dinero al Consistorio, puesto que mientras los terrenos se tasaron en 1,6 millones de euros, el edificio estaba valorado en 610.000.
Ellos (los parcelistas) sabían que en el momento en que el Ayuntamiento requiriera esas parcelas debían de irse. Muchos lo entendieron y fueron muy bien recompensados, otros no"
Sin embargo, Pacheco defendió que el objetivo de adquirir el casco bodeguero era revitalizar la zona oeste de la ciudad, “muy degradada”, —por eso, recordó que además de esta operación, el Consistorio se hizo con Díez Mérito y vendió la estación de autobuses— y dentro de ese “proceso de transformación urbana” que vino aparejado a la elevación de la vía del tren, estaba la urbanización de esas parcelas de San José Obrero que el Ayuntamiento tenía cedidas a parcelistas para que las destinaran a huertos de ocio. “Ellos sabían que en el momento en que el Ayuntamiento requiriera esas parcelas debían de irse. Muchos lo entendieron y fueron muy bien recompensados, otros no —haciendo una referencia clara, aunque sin nombrarlos, a aquellos que ahora ejercen la acusación particular contra él—.
Pacheco, a su llegada a la Audiencia. FOTO: MANU GARCÍA
Durante su interrogatorio a Pacheco, el fiscal insistió en que en la operación se permutó solamente el 68 por ciento de la parcela de San José Obrero. El exalcalde, al respecto, insistió en que después de tantos años tenía ciertas lagunas, pero entendía que el 32 por ciento restante se satisfizo en metálico puesto que de lo contrario “ni se hubiera firmado la escritura en notaría ni se habría inscrito en el Registro de la Propiedad”. Con posterioridad, el abogado de Pacheco, Manuel Hortas, pidió que su cliente leyera el convenio en el que se menciona dicho 68 por ciento, en el que se recoge que había una cantidad en efectivo y otra correspondiente al IVA y que por la suma de ambas cantidades se entregó un cheque por valor de 220.000 euros. Además, el notario hizo constar que el importe había sido debidamente cobrado. Al finalizar la primera sesión del juicio, Hortas confirmaría que ese cheque, tras 13 años, no se ha podido localizar para presentarse como prueba. “Habrá que suponer que ese cheque se cobró y que se cobró por la cantidad correspondiente, por tanto, ya no hablamos de que se ha permutado el 68 por ciento de la parcela, se ha permutado por la parcela y por el edificio”.
Era imposible ver todos los documentos; yo llegaba a la notaría, firmaba, le daba un abrazo al notario y me iba"
El fiscal también insistió en el presunto pacto de Pacheco con el promotor José Antonio Monreal —cuya causa se ha sobreseído por el momento debido a una grave enfermedad— para favorecerlo, algo que “bajo ningún concepto” hizo, dando varios motivos. De un lado, porque la operación urbanística se aprobó en la GMU “con el apoyo de todos los partidos políticos”, salvo la “abstención de Izquierda Unida por tácticas políticas”. De otro lado, por su condición de “político, no de administrativo”, ya que “no tenía capacidad para verificar el trabajo de mejores profesionales que yo”. Así, explicó al fiscal que en su día a día firmaba “un montón de documentos”, por lo que “era imposible verlo todo”, y que confiaba en los profesionales de la GMU, que a la postre eran los que redactaban los documentos. “Yo llegaba a la notaría, firmaba, le daba un abrazo al notario y me iba”. Eso sí, sentenció que “si yo hubiera advertido algo de ilegalidad, no habría firmado”.
El juicio por esta causa se desarrollará hasta el próximo 21 de junio, a razón de tres sesiones a la semana. Entre los testigos que pasarán por la sección octava de la Audiencia Provincial, destacará la exalcaldesa María José García-Pelayo, mientras que la también exalcaldesa Pilar Sánchez declarará a través de videoconferencia en Sevilla. Ambas, por cierto, llegaron a estar imputadas en este caso, ya que ostentaron la Alcaldía en sus respectivos pactos de Gobierno con el PSA de Pacheco, cuando se gestionó la permuta, aunque las diligencias contra ambas fueron archivadas.
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