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La Justicia declara improcedente el despido de la antigua gerente del complejo de La Atalaya, Ana Villalobos, que pasará de una indemnización de 8.372 euros a un total de 51.569 euros

El juzgado de lo Social número 3 de Jerez dictó el pasado día 13 de enero una sentencia que supone un nuevo revés judicial en la política de Personal emprendida por el PP de María José García-Pelayo al frente del gobierno municipal. Si bien hay que aclarar que este caso hace referencia al despido de la gerente de la Fundación Andrés de Ribera (FAR), donde los patronos son el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz al 50%. En todo caso, el auto concluye que el despido de Ana Villalobos, en julio del año pasado, como máxima responsable técnica del complejo de los museos de La Atalaya se basa en un ilegal desestimiento empresarial, por lo que ha de considerarse como improcedente. De este modo, la linense, que ejercía el cargo desde 2006 y cuyo despido fue directamente impulsado por el equipo popular en el Consistorio, pasará a percibir una indemnización de los 8.372 euros iniciales a un total de 51.569 euros. Ana Villalobos, vinculada al PSOE, ejercía también el cargo de presidenta de la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez.

En los últimos meses el Ayuntamiento ha sido condenado por el nombramiento ilegal del consejero delegado de Ememsa, empresa que gestiona los Montes de Propios; por el nombramiento a dedo de 8 altos cargos directivos, y también por privar a trabajadores de derechos consolidados. Además de un ERE para 260 empleados públicos no ajustado a derecho pendiente de sentencia del Supremo, tiene pendientes hasta diez demandas más interpuestas por el Asociación de Técnicos municipales (ATMJ), entre ellas las que afectan a la aprobación  de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y  la  aprobación del  propio convenio colectivo.

La contundente  respuesta de la Justicia a las  decisiones arbitrarias del ayuntamiento en materia de Personal no parece  preocupar a los ediles del PP. El primer teniente de alcaldesa y portavoz de Gobierno, Antonio Saldaña, restó importancia a la sentencia que obligaba a cesar a los cargos nombrados a dedo,  argumentando que se trataba de una “ilegalidad transitoria”. También afirmó  que si el problema es que no se pueden hacer  los nombramientos por ese procedimiento, “seguiremos trabajando con una estructura similar y seguiremos funcionando tengan o no tengan el cartelito puesto”. La  situación actual puede tensarse más si, como se viene anunciando, se produce un trasvase de personal de las empresas municipales al  ayuntamiento, dentro de la reestructuración del grupo empresarial municipal, sin que se respeten los cauces legales y vulnerando los principios de capacidad, igualdad y libre concurrencia. Como bien manifestó en su día el delegado municipal de Economía, Enrique Espinosa, en declaraciones a Onda Jerez y a otros medios de comunicación de la ciudad, “estas incorporaciones serían ilegales”.

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