Loli está a punto de tener a su primera hija. La espera para septiembre. Como cualquier madre primeriza prepara con nerviosismo la llegada de su niña y va comprando poco a poco todo lo necesario. La habitación, pintada de rosa y con dibujos animados estampados en las paredes, ya está lista para recibir a la hija de Loli Orive y Manuel Fernández. La historia no tendría nada de especial si no fuera porque este joven matrimonio jerezano vive de okupa en un piso de San Benito desde hace dos meses. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Tras llevar ocho años esperando una vivienda de protección oficial (VPO), a Loli y su pareja Emuvijesa les asignó una a mediados de 2012, concretamente en el conjunto residencial Calipso, en la zona Sur. Aunque pronto llegaron los problemas. Loli es empleada de ayuda a domicilio y el año que le dieron la vivienda la concesionaria llegó a acumular varios meses de impagos y cuenta que le llegaron a deber seis nóminas.
A principios de 2013 empezó a dejar de pagar el alquiler, de unos 430 euros, ya que su pareja estaba en paro y con su sueldo, de poco más de 600 euros, no podía hacer frente a la cuota. "Poco después nos enteramos de que bajó a unos 200 euros, que no es lo mismo que 400", se lamenta. Pero en marzo de 2013 llegó la temida llamada. Desde Emuvijesa le daban 15 días de plazo para abonar la deuda que acumulaba, de cuatro meses, o debería abandonar la vivienda. Y así lo hizo. A pesar de que el gobierno local repitió ese mismo año por activa y por pasiva que no desahuciaría a ninguna familia de viviendas municipales. "Es el Partido Popular, sin mucho ruido y con acciones concretas, el que está aplicando la política más social que se ha hecho nunca en Jerez", dijo el teniente de alcaldesa Antonio Saldaña en 2012. La delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, también llegó a decir: "Con el anterior gobierno socialista, entre 2008 y 2010, se iniciaron 90 expedientes de desahucio pero desde que el PP accedió al gobierno, y por clara indicación de la alcaldesa María José García-Pelayo, no ha habido ninguno, e incluso se han paralizado los que había en marcha y se ha buscado alguna alternativa".
Aún así, Loli y Manuel tuvieron que coger todas sus pertenencias y dejar la VPO que Emuvijesa le había asignado hacía menos de un año. "Para hacer la mudanza tuvimos que vender una escalera por cinco euros para poder echar gasolina y traernos las cosas que teníamos", cuenta Loli, que tuvo que acudir a su hermana, que la acogió en su casa unos meses. Con ella, que tiene tres niños pequeños, estuvo viviendo desde entonces hasta principios de mayo de este año. En diciembre se quedó embarazada y debía buscar una casa para su hija. "Estuvimos un tiempo buscando y encontramos esta casa". Se refiere al piso de San Benito en el que viven desde el viernes del Gran Premio. En ella, con lo que percibe por estar de baja maternal y la liquidación de las deudas que mantiene la concesionaria de ayuda a domicilio (Ingesan), que va cobrando poco a poco, está acondicionando la casa para cuando llegue su hija.
La presidenta de la comunidad de vecinos está al corriente de la situación del matrimonio. Hablaron con el administrador de la finca y le facilitaron su número de teléfono al banco propietario de la vivienda, que llevaba vacía casi una década. "Aunque todavía no nos ha llamado", explica Loli. "Nosotros no nos negamos a pagar, pero esperamos llegar a un acuerdo con el banco para pagar una cuota que podamos asumir", añade. Eso sí, tiene una cosa muy clara: "A mi hija no la voy a dejar en la calle". Ahora Emuvijesa le reclama 3.000 euros de las cuotas impagadas, "que será por los intereses", supone Loli, porque "cuatro meses no es tanto dinero". En estos momentos cuenta que no puede hacer frente a ese gasto, "porque mi niña necesita muchas cosas y mi marido lleva tres años en paro". Sin padres que la puedan ayudar económicamente, espera cobrar la herencia de su abuelo para poder abonar esos 3.000 euros y poder optar a una vivienda de VPO. "Ahora mismo estoy de las últimas en la lista porque debo ese dinero", se lamenta Loli.
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