Una decena de inquilinos ilegales de residencial Calipso, de propiedad municipal, reclaman a Emuvijesa un alquiler social: "No me niego a pagar".
Benito y José Manuel pasan la noche durmiendo frente al Ayuntamiento. En una tienda de campaña que les han prestado han metido un colchón, varias mantas y termos con bebidas calientes para sobrellevar el frío. ¿Por qué pasan la noche a la intemperie? Porque quieren conseguir una vivienda o, mejor dicho, regularizar su situación, porque llevan varios meses residiendo como okupas en el residencial Calipso, de propiedad municipal. Benito vive con su mujer, que no sabe si está embarazada —“ya tiene la primera falta”— y recibe apenas los 426 euros de subsidio que le quedan.
Benito lleva cuatro meses sin trabajo —“y estoy desesperado”— y ha sido de los primeros en ir a juicio tras las denuncias de la empresa municipal de vivienda (Emuvijesa). “Pago la luz e internet y estoy empadronado allí”, cuenta el denunciado, que dice que ha aportado estas pruebas en su juicio de cara a conseguir un alquiler social. “No me niego a pagar, lo que quiero es un techo”, añade. “He mandado escritos, he ido a mi asistenta social, y lo que me ofrecen es pagarme el primer mes de alquiler la fianza, y luego avíatelas solo…”, dice Benito, que confiesa que “algunos okupas la lían, pero nosotros no, y nos meten en el mismo saco”. Además, remata: “Por ser okupas no somos gente mala”.
“Pisos vacíos y nosotros en la calle”, pone en una pancarta que les acompaña en su acampada improvisada. José Manuel está esperando ir a juicio. El 2 de febrero tiene que entregar las llaves de la vivienda. Tiene dos hijos, de uno y dos años, y asegura que no se moverá de la puerta del Ayuntamiento hasta que no tenga una solución. “En la calle no me voy a quedar”, afirma tajante. El último trabajo que tuvo fue de camarero en un bar, el día de Reyes, donde estuvo seis horas y le pagaron 25 euros. Antes montaba puestos en mercadillos, de donde salía a las tres de la tarde. “15 euros me daban”, cuenta. A sus 23 años, dice, aún no tiene ni un día cotizado, siempre ha trabajado sin contrato.
María y su novio van a juicio el 6 de marzo. Ninguno trabaja. Ella, en verano, limpió algunas casas y desde entonces no ha encontrado nada. El cheque de alimentos, de 90 euros, es uno de sus pocos ingresos. “No tengo adonde ir”, dice ella, a la que no le pilla de nuevas eso de tener que desalojar una vivienda. “Éste es mi cuarto desahucio”, cuenta. La suya fue una de las cuatro familias desalojadas del número 50 de Puertas del Sur, donde estuvo casi un año sin poder pagar el alquiler. Tiene una hija de nueve años de una relación anterior y no se puede, dice, quedar en la calle.
“Han cometido un delito, aquello no es la ley de la selva, donde el primero que llega se lo queda”, aseguran desde Emuvijesa, que señala que hay 5.200 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda. “Tenemos que velar por ese procedimiento porque son viviendas públicas”, señalan fuentes de la empresa municipal, que aseguran que “muchos de los okupas no están inscritos en el registro”.
El residencial Calipso tiene viviendas en régimen de venta y en alquiler con opción a compra. En torno a una decena de alquilados han abandonado las casas tras los conflictos de los últimos meses. “Algunos tienen asustados a los propietarios —en total hay unos 80—, los han amenazado para hacerse dueños de aquello y tenemos que velar por el bienestar de las familias que viven allí”, apuntan desde Emuvijesa, que ha instalado puertas antivandálicas para impedir que se okupen más casas, algo que critican los inquilinos. “Dicen que no hay viviendas vacías y sí que hay”, señalan. En el primer juicio celebrado, el de Benito, Emuvijesa asegura que no pidió sanción penal, “pero la fiscal se enfadó, dijo que es delito y que tienen que tenerla”, cuentan fuentes conocedoras del procedimiento, que no ha hecho más que empezar.
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