La Junta rompe el convenio con los centros concertados de infantil, obliga a que el sector entre en una guerra de precios para completar el número de plazas y publica una nueva normativa con un sistema que "aumenta la desigualdad social". 

“La educación de 0 a 3 años no es obligatoria, por tanto: no es gratuita. Esa es la base del conflicto”, expresa la directora de un centro de educación infantil de Jerez que entre los días 19 y 20 de abril permanece cerrado por huelga. ¿La causa? Las escuelas infantiles de toda la comunidad andaluza se concentran frente al Parlamento de Andalucía en la tarde de este miércoles para luchar por la derogación del decreto ley de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía. Sin embargo, como muchas escuelas manifiestan, el título del decreto no es más que una estrategia para presentar como positivo una modificación que vulnera la calidad educativa de los niños, el derecho a beca para un alto porcentaje de familias con ingresos medios y la precariedad laboral de las educadoras infantiles.

"Este sector está estrangulado. No hay espalda financiera que aguante esta situación”

Los trabajadores de estas escuelas llevan en pie de guerra más de diez años para que la Junta libere el precio máximo de las plazas que esta misma subvenciona. “Ellos ponen un precio público de 278 euros y hay un estudio de la Junta y de las asociaciones que dice que el coste de la plaza es de 350 euros. Estamos por debajo del coste. Las empresas no se benefician, este sector está estrangulado. No hay espalda financiera que aguante esta situación”, señala un miembro de la Coordinadora de Escuelas Infantiles  de Andalucía (CEI-A). “Hemos luchado y la Junta ha decidido una cosa: No sois mi problema, como me estáis presionando tanto y queréis que suba el precio de la plaza… pues os libero, no hay convenio. Anulo los convenios y saco una nueva normativa”, añade. La crisis de este sector se agrava en menos de un mes. Cerca de 3.000 personas se manifestaron en las puertas de la Junta de Andalucía el pasado 23 de marzo para impedir que saliese adelante el decreto. Y finalmente este se publicó el 29 de marzo. CCOO actuó e hizo un llamamiento de huelga el mismísimo Viernes Santo, el pasado 14 de abril. A la vuelta de la Semana Santa las guarderías se pusieron al día y finalmente se sumaron a la convocatoria de huelga para intentar que el Parlamento no apruebe el decreto ley de la consejería de Educación.

Origen del conflicto y consecuencias de la nueva normativa

¿Qué sucede con los centros de educación infantil públicos? A día de hoy solo existen dos en Jerez, ya que hace 15 años la Junta firmó un convenio con los centros privados para así no crear su propio funcionariado y beneficiarse de las infraestructuras privadas. La Junta tejió una red de centros de educación infantil con 100.000 plazas donde la gestión era privada y el sistema de acceso estaba regulado por la propia Junta de Andalucía, porque “esta no construye centros de educación infantil desde hace por lo menos 50 años”, como afirma la directora de un centro que lleva más de 30 en el sector. Ahora la Junta ha roto este convenio y ha sacado una nueva normativa en la que los centros han tenido desde el 30 de marzo hasta el 7 de abril para adherirse, con unas condiciones que distan de ese progresismo con el que se titula dicho sistema.

“Imponen que la plaza va a costar como máximo 278 euros. Nos corta los pies para no poner la plaza al precio que realmente cuesta. Si hubiera dicho como mínimo se habrían acabado los problemas”. Responsables, educadores y demás personal de educación infantil aseguran que la Junta de Andalucía busca que haya una guerra de precios entre las escuelas. La Junta, al imponer un máximo, facilita una pelea entre los centros de educación infantil. No premia a aquellas que bajen el precio de la plaza, pero sí abre la veda para que se enfrenten entre sí. En cambio, esta no ha sido la respuesta de las escuelas. “Les ha salido el tiro por la culata porque nos hemos unido y prácticamente todos los centros que nos hemos adherido hemos mantenido el máximo exigido”, expresa una de las trabajadoras afectadas por la nueva normativa. “Nosotros perdemos una calidad de trabajo, pero los niños pierden una calidad educativa. Lo que no se defiende aquí es la educación de 0 a 3 años. Y se menosprecia. Y quien va a salir afectado directamente son los padres, sobre todo aquellos que querrán matricular a su hijo en este nuevo curso y que se encuentra ahora mismo en el limbo sin saber qué ocurre”, agrega.

La incertidumbre y la falta de información no solo las sufren las familias, ya que las escuelas infantiles todavía no han recibido un comunicado oficial por parte de la Consejería de Educación. Se han valido únicamente de la lectura del Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y cuando han intentado disipar dudas por vía telefónica, “no te las resuelven. No hay nada. Cero”. Una de las novedades de este nuevo decreto es que en la normativa anterior estaba regida por cuatro parámetros de subvención y ahora se desglosan en nueve. Dependiendo de la renta, la Junta subvenciona la plaza en un porcentaje establecido en nueve estadios y no en cuatro, lo que conlleva que aquella familia que antes tenía cubierto el 75%, ahora este se reduzca y tenga solo el 30% subvencionado. Sin duda, un cambio que afecta y aumenta la desigualdad social. “Hay un estrato social que se queda desamparado”.

Por otro lado, antes, si la familia pedía una plaza en una escuela infantil, era consciente de que la Junta iba a pagar un porcentaje, un mínimo dependiendo de los parámetros establecidos. Ahora dividen el procedimiento y diferencian entre pedir plaza y pedir la beca que subvencione dicha plaza. ¿Qué significa? La beca, como en todos los demás niveles educativos, tiene su propia gestión, puede llegar con un mes de retraso y están ajustadas a que exista asignación presupuestaria o no. El baremo para distribuir el dinero se entiende a través del rango de porcentajes, hasta que se acabe con los 175,4 millones de euros, que es el presupuesto aprobado. Y eso sí, intacto conforme al del año pasado. ¿Qué ocurre? Al aumentar el número de plazas –intención de conseguir 2.500 ofertas nuevas en toda en Andalucía– pero no el presupuesto, ocasiona que una gran parte de las familias que demandan beca y que permanecen en un umbral inferior de los porcentajes estipulados, se queden sin subvención por falta de fondos. "La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo al artículo 119.2.j", reza el punto cinco de la normativa publicada en el BOJA. Lo que significa que los niños estarán matriculados pero sin becas, por lo que aquellos que no puedan costearse la plaza tendrán que dar de baja a su hijo. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, llegó a afirmar que la gran novedad es que se mejora la progresividad de las ayudas que se otorgan. “Y la gran novedad es que ahora los padres van a pagar más”, sostiene la directora de un centro de educación infantil de Jerez. “Todo lo que te están diciendo es verdad, pero la interpretación y la repercusión es muy negativa. Además de que nos están tratando como si fuéramos tontos”, agrega. De la Calle declaró que “la mitad de los niños que vayan a las guarderías no tendrán que pagar nada, tendrán la plaza completamente gratuita”. No obstante, los requisitos para conseguir este huevo de oro son los siguientes: a partir del cuarto hijo que esté en educación infantil, mujeres víctimas de violencia de género y que estén en un centro de acogida, víctimas del terrorismo y personas en calidad de riesgo y exclusión social con los informes sociales pertinentes que corroboren dicha situación, entre otros.

Otra de los cambios que critican los educadores infantiles es el nuevo sistema de prioridades de la normativa, ya que además de sopesar la renta básica, también considerará la fecha de nacimiento del niño. Es decir, el pequeño que nazca en enero tendrá prioridad a la hora de acceder a la escuela frente a uno que nazca en octubre. ¿Por qué la Junta efectúa este cambio de urgencia en la entrada del mes de las matriculaciones? Los educadores responden que la única explicación que encuentran es que la Junta quiera cumplir con el ratio de población de escolarización que exige la Unión Europea. "Aumentan la oferta de plazas y cumplen con las demandas europeas pero... ¿de qué manera?". Debido a esta modificación de última hora el plazo de solicitudes de las matriculaciones es desde el 10 al 26 de mayo y para realizar la matrícula, del 22 de junio al 5 de julio. "Las adjudicaciones saldrán un mes después, el 5 de agosto y en ese mes los centros están cerrados. Septiembre será un caos". 

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