"Es impensable que hubiera acoso delante de un notario", asegura Mari Paz Cañero, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez, en rueda de prensa, rompiendo así el silencio municipal sobre el incidente con dos empleados municipales, una de ellas delegada sindical e incluida en la lista del PP en las pasadas municipales, que ha provocado la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo entre el gobierno local y el comité de empresa municipal.
"El gobierno de Mamen Sánchez nos está sometiendo a un constante maltrato que no estamos dispuestos a tolerar. Se suceden de forma continuada las movilidades forzosas, los ceses caprichosos, las amortizaciones de puestos sin justificar, los acosos y los expedientes disciplinarios. Nos vigilan de manera constante, nos investigan sin saberlo, atentan contra nuestra profesionalidad y no dudan en descalificarnos públicamente de manera reiterada", decía en un comunicado el pasado viernes el comité, formado por CGT, ATMJ, CCOO, UGT y CSIF, que piden que "cesen los ataques a los representantes sindicales y trabajadores municipales", decía el comité hace unos días.
La teniente de alcaldesa Laura Álvarez critica que los sindicatos vinculen la negociación del convenio al archivo de los expedientes disciplinarios abiertos a dos empleados municipales a los que acusa de cometer "hechos graves". "El mensaje que trasladan es que, por ser delegados sindicales, pueden ser impunes, hagan lo que hagan", relata Álvarez. "Hemos sido respetuosos con los dos trabajadores afectados, no hemos dado datos, hemos guardado silencio y hemos respetado el trabajo del funcionario instructor, porque no queremos juicios públicos ni paralelos sobre estas dos personas", agrega.
Mari Paz Cañero, presente cuando se les notificó a dos empleados municipales de Medio Rural el inicio de expedientes disciplinarios, relata los hechos: "A las 13:30 horas dos notificadores municipales llegaron a la delegación de Medio Rural. Yo recogí al señor notario, llegamos al edificio y nos esperaba el director de Medio Rural, Francisco Cabrera. Cuando bajaron los notificadores, les dimos diez minutos de cortesía para que leyeran el comunicado y subimos las 14:00 horas, en el siguiente orden: primero Cabrera, yo en segundo lugar, el notario y dos operadores de Infraestructuras que iban a retirar los ordenadores. Entraron el notario y el director de Medio Rural al despacho de estas dos personas, mientras los operarios y yo esperamos sentados fuera. Luego apareció el delegado de Medio Rural (Jesús Alba), entró y salió rápido. Una de las trabajadoras salió y estuvo 10 o 15 minutos hablando con su abogado por teléfono. Una vez identificados —por su jefe, porque no quisieron identificarse—, el notario dijo a los operarios que recogieran los ordenadores".
"No se acosó a ninguna trabajadora", insiste la teniente de alcaldesa Laura Álvarez. "No coincidieron nueve personas. La mayor parte del tiempo la trabajadora que habla de acoso estuvo en los pasillos fuera de su despacho", agrega. Álvarez critica que los sindicatos rompan la negociación del convenio colectivo "de forma unilateral" y hace una "llamada a la responsabilidad", ya que a su entender, "no se puede intentar coartar el deber que tiene una Administración de abrir expedientes disciplinarios por hechos supuestamente cometidos por dos trabajadores, por mucho que una sea delegada sindical. Esto no tiene que ver con la representación sindical, sino con el deber de Administración. El respeto a un sindicato y a sus representantes no puede estar por encima del respeto a Ley: si un empleado ha cometido infracciones hay que esclarecerlo".
La teniente de alcaldea asegura que el comité de empresa podía haber conocido la situación de estos expedientes disciplinarios desde el pasado 30 de noviembre, y que no fue hasta once días después —el pasado viernes— cuando solicitaron hacerlo. "Para estos sindicatos no hay medias tintas, si queremos trabajar por mejorar los derechos laborales negociando un convenio tenemos que aceptar la impunidad de los delegados sindicales, les da igual los hechos por los que se hayan abierto estos expedientes", se queja Álvarez. Ese mismo día, cuenta, los dos funcionarios que gestionan los expedientes sufrieron "presiones" de una veintena de sindicalistas que "irrumpieron en Recursos Humanos, incumpliendo las normas covid, dedicándole insultos y gritos a los funcionarios, y metiendo a escondidas un periodista para hacer fotos". "Para rematar la presión —agrega—, la delegada sindical afectada les puso por delante una denuncia en Fiscalía realizada después de la apertura del expediente disciplinario".
"No creemos que estas sean formas de actuar de quienes representan a los trabajadores. No es de recibo que con la bandera de proteger a una delegada sindical puedan presionar a otros funcionarios y parar las negociaciones de un convenio en perjuicio de todos los trabajadores laborales", reseña Álvarez. "¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No quieren que se sepan los hechos?", se pregunta. Y es tajante: "Este gobierno siempre va a proteger a todos los empleados ante acosos del tipo que sea. No vamos a aceptar chantajes de ningún tipo".
Ismael García, presidente del comité de empresa, concentrado frente al Ayuntamiento mientras tiene lugar la rueda de prensa de la responsable municipal, critica el "acto de autoritarismo del gobierno de Mamen Sánchez", y pide al Ayuntamiento que "cese en su ataque a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores en sí mismos", ya que considera que antes de haberse abierto los expedientes, "se debería haber consultado con estos trabajadores y haber planteado otra solución". García asegura que el gobierno local "utiliza el miedo y la amenaza como herramientas útiles", y califica de acto de "cobardía" estos hechos.
"Este gobierno municipal está convirtiendo el Ayuntamiento en su cortijo, en el que ya no se pueden expresar opiniones sin recibir represalias por ello. Su sectarismo sin sentido llega hasta el punto que han nombrado a un jefe de expedientes disciplinarios para realizar esta labor y no estamos dispuestos a consentirlo, porque todos nosotros somos profesionales por mucho que les pese, y queremos trabajar. Nos debemos a la ciudadanía. Seguiremos la postura mencionada, hasta que se archiven todos los expedientes disciplinarios abiertos y cesen los ataques a los trabajadores y representantes sindicales", decía el comité en el comunicado del viernes.
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