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La exalcaldesa Pilar Sánchez vuelve a declarar en el juzgado de Cádiz que investiga el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta vinculados a Mercajerez, de la que ella fue presidenta. Confía en que se retire la imputación sobre ella ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente", y se define como una persona "absolutamente honesta y honrada que hizo bien su trabajo y a la que están haciendo pasar un calvario que tiene muy difícil explicación".

La exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, ha vuelto a prestar declaración en la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta vinculados a Mercajerez, S.A. Tras declarar, ha confiado en que "se retire" la imputación contra ella, que califica de "injusta, inmerecida" y "absurda", pues su partición ha sido "nula en nada relacionado con la formación".

En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Sánchez ha manifestado que espera que su declaración sirva para "que se aclare de una vez por todas y definitivamente" lo que considera que ha sido "un malentendido". Según ha aclarado, se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental.

Recalca que su única relación con los temas de formación es la de haber sido presidenta de Mercajerez por su condición de alcaldesa, si bien "todas las competencias estaban delegadas en el gerente y es el propio consejo de administración el que insta al gerente y a la presidenta para que la formación se desarrolle".

En su opinión, ha dejado "manifiestamente claro" en su declaración que "algo ha fallado en las previas", puesto que ha sido citada ella y, sin embargo, "el curso se desarrolla en un 80 por ciento siendo alcaldesa María José García-Pelayo (PP)" y, por tanto, siendo la 'popular' presidenta de Mercajerez.

En este sentido, recuerda que el curso "empezó a finales de marzo de 2011 y terminó en la fecha que marcaba la normativa, que es el 31 de diciembre" de ese año. Se da la circunstancia de que ella dejó de ser alcaldesa el 24 de mayo de 2011.

Sobre los pagos investigados, indica que "el primero llegó el 27 de junio de 2011" y el segundo "en agosto", de lo que entiende que "se daría cuenta en el consejo de administración de cierre del año 2011", siendo presidenta de Mercajerez García-Pelayo, según insiste.

Preguntada sobre si opina que la actual alcaldesa jerezana también debería ser citada, ha dicho que "no digo que deba ser citada. Lo que yo sé es que no tengo ninguna vinculación, que las competencias las tenía el gerente y el consejo de administración y que, si tenían que citar a una alcaldesa, fuimos dos las presidentas de Mercajerez" en el periodo de los hechos investigados.

Preguntada por los delitos que se le imputan, indica que son los de estafa y falsedad documental. Sin embargo, tras solicitarlo su abogado, "no hemos visto ningún documento" porque ella "no firmaba nada".

Asegura que no firmó "ni el convenio, que lo firmó el gerente con el delegado provincial". Tampoco firmó "nada" el día en que se aprobaron los cursos de formación por parte del consejo de administración, ya que ese día estaba "en Madrid haciendo una gestión y ejercía de presidente de Mercajerez el vicepresidente".

Además, resalta que en el consejo de administración de Mercajerez "estaban todos los partidos políticos" y el asunto de la formación "se aprobó por unanimidad".

"Soy una presa fácil"

Lamenta Pilar Sánchez que el día en que se conoció la noticia de su imputación "pusieron mi rostro como el rostro de la corrupción en toda España, y no me lo merezco". Reflexiona que, por lo que se ve, es "una presa fácil", ya que se le ha imputado y citado a declarar "sin absolutamente ninguna base ni criterio objetivo".

Al estar en Cádiz, ha recurrido como ejemplo al caso de la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez (PP), que es presidenta del Consorcio de la Zona Franca y, sin embargo, "no la imputaron cuando imputaron al exdelegado de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro". Sostiene que es "absurdo y ridículo" que se establezca una vinculación que "pone en una situación de riesgo y de peligro a cualquier alcalde de este país en un Estado de Derecho".

Dice Sánchez que ignora "si las cosas se hicieron bien o mal", cuestión que tendrá que determinar el juzgado encargado de la investigación, pero "lo que está claro es que yo no tengo absolutamente nada que ver en esto".

La exalcaldesa jerezana expone que todo "está siendo muy duro, muy injusto e inmerecido" y "a nadie se lo deseo". Agrega que es "muy difícil de entender" y, una vez se aclare todo, analizará "cuál será el siguiente paso, porque ha sido muy duro asumir una situación que no era la mía".

"Evidentemente se equivocaron de nombre y de rostro", porque "no soy el rostro de la corrupción en absoluto", enfatiza, al tiempo que se define como una persona "absolutamente honesta y honrada que hizo bien su trabajo y a la que están haciendo pasar un calvario que tiene muy difícil explicación".

Juan Pedro Cosano, abogado de Pilar Sánchez, va más allá al considerar que no ha habido "ninguna actuación delictiva por parte de nadie"

Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes de entrar a los juzgados, el abogado de Sánchez, Juan Pedro Cosano, ha recalcado que la participación de su patrocinada en los hechos investigados es "nula por completo", ya que su cargo como presidenta de Mercajerez era "meramente institucional como alcaldesa de Jerez".

Además, lo "fundamental" es que en el caso de Mercajerez los cursos de formación "se liquidan en noviembre de 2011 y Pilar Sánchez, como todos sabemos, dejó de ser alcaldesa en mayo de 2011". Por tanto, "difícilmente puede tener ninguna relación con los hechos que se investigan, si es que hubiese delito", cuestión que Cosano "pone en duda", al considerar que "más allá de simples irregularidades" no entiende que haya habido "ninguna actuación delictiva por parte de nadie".

Además de Sánchez, la titular del juzgado también ha citado a declarar esta jornada al gerente de Mercajerez, también imputado, y a personal de esta sociedad. Cabe recordar que se investigan dos acciones formativas para desempleados en materia de carnicería y panadería desarrolladas con ayudas de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para los que presuntamente se falseó documentación.

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Jorge Miró

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