Ana Fernández y el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, durante un pleno.
Ana Fernández y el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, durante un pleno.

El pleno aprueba por unanimidad una propuesta de IU para que se garantice el suministro mínimo vital para familias con problemas económicos.

Que ninguna familia se quede sin agua, aunque no pueda pagarla. Es la base de la propuesta que IU llevó al pleno de octubre y que terminó siendo aprobada por unanimidad. En ella se incluye la petición a la empresa que gestiona el servicio, Aqualia, para que “garantice de manera ininterrumpida el suministro de agua a todos los usuarios domésticos del servicio” y también para que “en lugar de usar la amenaza de corte como medida coercitiva, ponga en marcha mecanismos que potencien el diálogo entre las partes o la iniciación de otros procedimientos legales de cobro”.

¿De cuánto es el suministro mínimo vital del que habla IU? De unos tres metros cúbicos por persona y mes. Para garantizarlo, también pide a la comisión del Pacto Social por el Agua –que apoyaron en un pasado pleno PSOE, Ganemos e IU– que cree un “fondo de solidaridad” para proteger este servicio “sin ocasionar un perjuicio a las cuentas públicas de este Ayuntamiento”.

También se encargará a esta comisión que elabore las bases de un reglamento, de forma consensuada, que “actualice las condiciones de acceso a las bonificaciones, desarrolle fórmulas alternativas para hacer efectiva la obligación de pago de las deudas, regule la posibilidad de fraccionar o suspender temporalmente dichas obligaciones de pago, defina las condiciones de acceso al suministro mínimo vital y establezca las medidas de control necesarias para el correcto funcionamiento del presente plan”.

“Desde que el servicio fue privatizado en nuestra ciudad, este Ayuntamiento está pagando a la empresa concesionaria cantidades anuales que superan el millón de euros para garantizar el acceso al agua de las familias que se encuentran en dificultades”, apuntó Raúl Ruiz-Berdejo, edil de IU, durante la exposición de la proposición. Para él, “el hecho de que se produzcan estos cortes supone una evidente contradicción con la concepción del acceso al agua como un derecho humano esencial, además de un coste evitable por este Ayuntamiento”.

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