Los vecinos del número 29 de Ronda Muleros se quedan finalmente en sus casas tras alcanzar un acuerdo con el banco, que los quería desalojar por los impagos de la promotora dueña de las viviendas.
Una llamada les ha cambiado la vida. Al otro lado de la línea, una empleada de Ibercaja, la entidad bancaria que por impagos de la promotora propietaria de sus viviendas había iniciado el proceso para que abandonaran sus casas, les informa de que no tienen que irse. “Por 300 euros me quedo”, grita Paloma desde una ventana, con el móvil en la oreja, para informar a sus vecinos. Al bajar al patio, donde la esperan los pocos que quedan, no puede evitar emocionarse. En su vivienda lleva dos años y medio, pagándole a una promotora –Inversiones Obrasur SL–, que ingresaba el dinero pero no pagaba al banco con el que tenía la hipoteca y que citó a los vecinos en los juzgados en junio para iniciar el proceso de ejecución.
El próximo 19 de noviembre tenían que dejar las casas, pero finalmente han encontrado un final feliz a su historia. “Qué angustia de estar tantos días así…”, dice Paloma, que lleva dos años y medio en el edificio, situado en el número 29 de Ronda Muleros. Isabel, la única propietaria –el resto están de alquiler–, la abraza para consolarla: “Sé que lo has pasado muy mal”. Ella, natural de Burgos, llegó hace siete años y compró su casa –por unos 190.000 euros–, pero desde el primer momento vio “algo raro” en el proceso. Fue a firmar ante notario a Sevilla –“me corría prisa”– y cuando los siguientes propietarios quisieron hacerlo en una notaría de Jerez les informaron de que el edificio estaba embargado, cuenta. “Esto me ha quitado años de vida”, añade, “la casa ha estado maldita desde el principio”.
Pero parece que ahora, por fin, podrá descansar tranquila. No se quedará sola, que era lo que temía si se terminaba ejecutando el desalojo de sus vecinas. De las pocas que quedan. “Rebeca se ha ido hace dos días con su marido muy enfermo”, comenta una vecina. La historia, sacada a la luz tras ponerse en contacto con la plataforma Stop Desahucios, destapa un posible caso de "estafa inmobiliaria", señalan desde este colectivo, que ha ayudado a los vecinos durante el proceso.
A pesar del embargo, la promotora ha estado alquilando viviendas hasta el pasado mes de marzo, cuando llegó el último inquilino. Pero nadie se ocupaba de gestionar la comunidad. “Desde que echaron a un gestor que tuvimos esto está abandonado”, dicen los vecinos. Y se ve a simple vista. En los pasillos que dan acceso al patio abundan los cartones y folletos publicitarios mojados y el suelo está encharcado. “Cuando llueve todo esto se inunda de aguas fecales”, dice Isabel. “Estamos como animales”, se queja.
A Ana y a Juan, que llevan cuatro años en el edificio, el promotor les llegó a ofrecer una plaza de garaje –que no iba incluida en el precio del alquiler– y luego en el juicio los acusó de estar de okupas. “No nos lo creíamos”, dicen. “Hemos pecado de inocentes”, interviene Paloma. En el juicio presentaron recibos de luz y agua para corroborar que llevaban tiempo habitando las viviendas y que no era su responsabilidad el contrato de alquiler “falso” que les hizo la promotora, que según ellos “cobraba en negro” y ahora “se lava las manos”. De hecho, en los citados contratos, Inversiones Obrasur incluía una claúsula en la que se exculpaba si la vivienda incurría en "cualquier medida judicial o extrajudicial".
“Me dijeron que no me iban a dejar abandonada, pero lo hicieron”, dice Isabel, la única con vivienda en propiedad, que asegura que estuvo los primeros seis meses sin luz ni agua en las zonas comunes. “Menos mal que no me quedo en el palomar sola”, dice entre risas tras conocer que sus vecinas se quedan. “Lo hemos conseguido, esto lo vamos a celebrar”, añade. No es para menos.
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