"Me subiré a la azotea y me tendrán que tirar con la pala para echarme de aquí"

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Un proceso de reparcelación en San José Obrero dilatado en el tiempo y el dudoso asesoramiento de su abogado hará perder su vivienda a Josefa.

Josefa Márquez, pesimista, dice que no sabe si cumplirá su 85 cumpleaños. Lo celebrará en breve, pero el enorme disgusto que le come por dentro le hace temer lo peor. “Antes iba a la piscina cubierta, al gimnasio… Ya no tengo ganas de nada. Mis amigas me echan de menos, pero no tengo fuerza ninguna”, afirma en una fría mañana de enero, pertrechada con una bata y al calor de una estufa de una mesa camilla. La anciana, vecina de San José Obrero, lleva 40 años viviendo en una parcela de la calle Santa Josefina. Adquirió el terreno a finales de los años 60 por 1,5 millones de las antiguas pesetas. El dinero de su trabajo y el de su difunto marido les valió para ir construyendo poco a poco su coqueta casa sobre un terreno de 715 metros cuadrados. Diez años después, a su lado y en la misma parcela, su hija Encarni y su marido Manuel construyeron otra vivienda que ahora, al igual que la de Josefa, podría tener sus días contados. Un auto judicial ha ordenado el derrumbe de ambos inmuebles para el próximo 13 de marzo. Si nada lo impide, para entonces una piqueta estará derrumbando casi medio siglo de alegrías y vivencias.

Primeros años del nuevo siglo. La burbuja inmobiliaria está más hinchada que nunca. Se levantan nuevas promociones de viviendas por todo Jerez y en San José Obrero, en el Arroyo del Membrillar, se proyecta una nueva urbanización en los terrenos que ocupan no solo Josefa, su hija y su yerno, también otros propietarios. Se crea entonces una junta de compensación (órgano en el que todos los propietarios ponen a disposición de dicha junta sus parcelas a cambio de recibir otra ya urbanizada) en el que, por mayoría, los propietarios aprueban vender sus terrenos. Josefa y su hija Encarni, asesorados por un abogado, aprueban dicha venta, pero su letrado, convencido de que sus clientes podrían conseguir una mayor compensación económica, apuesta por dilatar el proceso. El problema viene con la llegada de la crisis. La construcción se viene a pique, el precio de los solares cae estrepitosamente y todo lo que se había vivido hasta entonces se convierte en un recuerdo del pasado. A esto se une que la junta de compensación vende los terrenos a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y a la Agencia Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que contempla construir viviendas. Y mientras el resto de propietarios venden y levantan sus nuevas casas, Josefa, Encarni y Manuel, haciendo caso de su abogado, siguen tensando una cuerda que, desgraciadamente, ya está a punto de romperse.

La situación, jurídicamente, es complicada para ellos, según explica Kika González, abogada y concejal de Ganemos Jerez, que junto a Izquierda Unida se ha interesado por la situación de la familia. “Ellos estaban edificados en un suelo que en su momento no era urbanizable. Lo que dan a la junta de compensación es una parcela no urbanizable y ellos tienen que pagar obligatoriamente una parte proporcional de la urbanización de la zona. A cambio, la junta les compensa esa urbanización con la indemnización que a su vez tienen que recibir por lo que están entregando”. El problema, como recuerda González, es que esa compensación está tasada en 4.000 euros, además de una una parcela sin urbanizar de 150 metros cuadrados, cuando la familia actualmente vive sobre una de 715 y sus casas están valoradas en más de 500.000 euros.Josefa, Manuel y Encarni achacan la culpa de todo a su antiguo letrado, que dejó el caso hace unos meses cuando la familia no pudo costearle más su minuta, y al Ayuntamiento, al que piden mayor implicación para encontrar una solución a su caso. De hecho, recientemente tuvieron una reunión con Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Urbanismo, y la junta de compensación, si bien lo más que consiguieron fue aplazar hasta marzo el lanzamiento, fijado en principio para el pasado 12 de diciembre. En un escrito firmado por el propio Camas, recuerda que dicho lanzamiento se motiva “dentro de un proceso de reparcelación tramitado por el sistema de compensación, es decir, a iniciativa privada”, siendo éste órgano “quien ejecuta el desalojo en aras de dar cumplimiento al proyecto de reparcelación aprobado en el seno de dicha junta”. De esta manera, el Ayuntamiento, como recuerda Camas, “interviene únicamente como órgano de control para dotar al proceso de ejecución forzosa de las máximas garantías”.

Ahora, con el reloj corriendo en su contra, la familia ya casi espera un milagro. Su caso ahora está en manos de un abogado de oficio al que el procedimiento le ha llegado demasiado tarde. “Bastante está haciendo”, señala Manuel, consciente de la dificultad que entraña encontrar una solución, pero indignado también por cómo se ha desarrollado todo y temiendo que puedan perder todo lo que tienen, sobre todo su suegra, ya con una edad muy avanzada. “Yo no quiero que me regalen nada, solo pido justicia y lo que es mío. Nosotros no edificamos en una cañada, nuestras casas tienen más papeles que las de muchos de por aquí. Pero lo que más me duele es que mi Ayuntamiento no dé la cara. Desde Pacheco hasta ahora todos le decían a mi suegra que no se preocupara, y mira ahora”.

La única esperanza que les queda es precisamente que el Ayuntamiento pueda interceder de alguna manera. Ganemos Jerez e IU pretenden reunirse tanto con Adif como con EPSA, propietarios del terreno, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, pero como señala Raúl Ruiz-Berdejo (IU) “será difícil porque el procedimiento está bien hecho”, por lo que esperan un gesto del gobierno ya que "siempre podrá hacer más fuerza que nosotros". Mientras tanto, Josefa, que afirma seguir perdiendo un poco de vida a cada día que pasa, saca fuerzas y muestra su lado más rebelde ante lo que se le viene encima: “Me subiré a la azotea y me tendrán que tirar con la pala para echarme de aquí”. 

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