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Cuberos, ex jefe de prensa de Javier Arenas, se niega a declarar por la pieza jerezana de la Gürtel, al igual que uno de los dos técnicos municipales que han comparecido ante el juez De la Mata. La otra trabajadora solo responde a las preguntas de su abogado, para básicamente explicar sus funciones en el Ayuntamiento.

Primera sesión de declaraciones en la Audiencia Nacional por la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la trama Gürtel. Ya con el juez titular, José de la Mata, a cargo de la instrucción, este martes 28 de abril estaban citados en calidad de imputados por su vinculación con las presuntas contrataciones a empresas de la red de Correa por parte del gobierno de María José García-Pelayo en 2004, el ex jefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos, y dos técnicos municipales, José Agüera y Lourdes Montenegro.

Los dos primeros se han negado a responder a las preguntas ante el magistrado, mientras que la segunda solo ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado su abogado, e incluso ha alegado indefesión porque no ha sido hasta este lunes cuando ha recibido notificación del auto que rechazaba su recurso para pedir la prescripción del presunto delito por el que ha sido llamada a declarar. Según ha podido saber lavozdelsur.es, la trabajadora municipal imputada se ha limitado a responder en relación con sus funciones en el Ayuntamiento en aquella época, asegurando ante el juez que "me limitaba a hacer lo que me mandaban".

La sentencia no dista mucho de las declaraciones que Juan Pedro Cosano, abogado defensor del otro técnico municipal imputado, realizaba a Radio Jerez, manteniendo que debe haber delito punible, no sería en todo caso achacable a los empleados del Ayuntamiento, poniendo el foco sobre la actuación política. "La responsabilidad nunca sería técnica, sino política", aseveraba el letrado, que no obstante mantiene que las presuntas ilegalidades habrían prescrito. Un argumento que rechazaba Ruz en el último auto que firmó sobre la pieza jerezana de la Gürtel, reiterando que en este caso la prescripción no se produciría hasta finales de 2019, ya que se estaría ante un supuesto delito de prevaricación continuada, y el plazo legal no concluye hasta cumplidos los 15 años. 

"La responsabilidad nunca sería técnica, sino política", asevera el letrado de uno de los empleados del Ayuntamiento implicados. 

Cuberos, antigua mano derecha de Javier Arenas, y al que la UDEF e IGAE consideran conseguidor de las posibles contrataciones fraudulentas, también se ha acogido a su derecho a no declarar tras reclamar el archivo del caso al entender que el delito de prevaricación que les imputó el magistrado Pablo Ruz ha prescrito. Esto dilata aún más la instrucción, ya que de estas declaraciones incluso dependía a corto plazo la inhibición en el Tribunal Supremo del juez de la Audiencia Nacional para que sea aquel el que imputase, llegado el caso, a la alcaldesa María José García-Pelayo, a la que la Policía Judicial y los peritos sí implican en las supuestas irregularidades que rodearon al desembarco de Jerez en Fitur en 2004. 

Un traje a medida de la Gürtel. 

Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, fue citado a declarar por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión". También han comparecido el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos y justificó la urgencia en el procedimiento de contratación; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados".

De la Mata interrogará este miércoles a los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, y a sus empleados Isabel Jordán y Javier Nombela, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".

El último informe que recibió Ruz, el de la IGAE, alude a la presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa del desembarco del Ayuntamiento de Jerez en la Fitur 2004, por un importe total de 343.537,58 euros. En dicho documento, no solo se resaltaba el papel de intermediación de Cuberos, por el que se embolsó más de 53.000 euros, sino que destacaba a Pelayo asegurando que, como presidenta del Instituto de Promoción de Jerez, "incumplió" los estatutos en al menos dos expedientes examinados, al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad.

Además en el expediente, que la también líder del PP jerezano sigue sin hacer público como prometió hace más de un año, consta un contrato entre María José García-Pelayo y la trama para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con FITUR, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio". Según la IGAE, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, "vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia" aplicables a la contratación pública.

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