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El pasado 25 de enero, en plena crisis por la oleada de cortes de abastecimiento emprendida por Aqualia, la empresa adjudicataria tras el proceso de privatización de Aguas de Jerez emprendido por el gobierno local del PP, la alcaldesa María José García-Pelayo declaró: "Ahora mismo hay en Jerez 7.183 contratantes con problemas para pagar el recibo del agua". Esta misma semana, la responsable municipal de Políticas Sociales, Isabel Paredes, mantuvo una reunión con representantes de la Coordinadora en Defensa del Agua y habló de entre 1.500-1.700 familias susceptibles de recurrir a los servicios sociales.

La desinformación entre la población en este sentido es brutal, ya que quedan por el camino miles de hogares en riesgo de cortes de suministro que desconocen las bonificaciones del Ayuntamiento. De hecho, son más de 7.000 los posibles hogares jerezanos en riesgo de quedarse sin un bien esencial para la vida humana como el agua, miles de familias que dependen de la caridad del Consistorio para garantizar su derecho al agua. La dinámica municipal seguida hasta la fecha es que si el ciudadano no tiene conocimiento de la atención social, el Ayuntamiento elude la responsabilidad de garantizar que el agua llegue a todos los hogares, más si cabe a aquellos en riesgo de exclusión.

La coordinadora, representada por Francisco López y Diego Almodóvar, mantuvo que aunque el agua esté en concesión a una empresa privada hay que recordar que “la relación o el vínculo entre este servicio y los ciudadanos siempre es responsabilidad del Ayuntamiento, por lo que los gobernantes locales son los que están obligados a garantizar todos y cada uno de los derechos que ostenten los ciudadanos”. Del mismo modo, expresaron en el encuentro su preocupación ante el incremento presupuestario para el Consistorio jerezano que supondrá atender a miles de familias con problemas, y que paralelamente podría dejar “mermada o empobrecida otras cuestiones sociales”.

"Durante estos últimos días -dijo Paredes en la reunión- hemos analizado en la delegación la situación de los usuarios que la concesionaria Aquajerez tenía en su relación de impagos del agua, tal como acordó el Ayuntamiento con esta empresa, y hemos comprobado que al menos 1.500 de estas familias podrían ser susceptibles de ser usuarias de los servicios sociales municipales". "A todas esas personas se les va a bloquear el corte del suministro y se va a trabajar con ellas para que puedan acceder a todas las bonificaciones y compensaciones que están previstas. No sabemos por qué no vienen a los Servicios Sociales a hacer uso de estos recursos", añadió.

La Coordinadora en Defensa del Agua incluye en su web, jereznovendeagua.wordpress.com, un ilustrativo cuadro en el que se explican las razones de la importancia de defender la gestión del agua desde lo público. Si la gestión del agua es pública, expone, "el servicio es más humano y, como principio, no se corta el agua domiciliaria". Del mismo modo, en manos públicas, "mantenemos nuestro patrimonio, nuestro recurso y aseguramos el derecho al agua de todas nuestras familias". En cambio, desde la perspectiva privada, "el agua se convierte en producto. El ciudadano se convierte en un cliente que si no paga no puede comprar, se queda sin agua". Y además, "perdemos nuestro patrimonio, el control de nuestro recurso, y se pone en riesgo nuestro derecho al agua".

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