El proceso está en su recta final. Con toda probabilidad, el próximo mes de marzo se pronunciará el Tribunal Supremo y hará pública la resolución del recurso a la sentencia del ERE municipal dictada por el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA). Esta resolución dictará si los despidos fueron ajustados a derecho o si por el contrario se declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo.
El abogado laboralista Antonio Ortega, que lleva la defensa de más de 40 ex empleados municipales y que asesora al Colectivo de Trabajadores Progresistas (CTP), ha recibido a este medio para explicar las claves del proceso. “En el momento en que la Sala (del Tribunal Supremo) admite el recurso y nombra un ponente (José Luis Gilolmo) ya pone a su disposición todos los recursos de las partes. Aquí existían cinco recursos: el de los trabajadores; el de la CGT; el del Colectivo de Trabajadores Progresistas (CTP), el de la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) y uno conjunto de CCOO y UGT”. Ortega asegura que “como teníamos una sentencia del TSJA que decía que el despido colectivo era no ajustado a derecho, recurrimos pidiendo la nulidad de todos los despidos, lo que conlleva la readmisión de todos los trabajadores”. Al mismo tiempo, "el Ayuntamiento formalizó un recurso solicitando la estimación de la medida adoptada conforme a derecho, o sea, todo lo contrario".
“Ahora mismo estamos a la espera de que la Sala (del Tribunal Supremo) se reúna y diga día y hora para la votación y el fallo”, explica Ortega. Una vez se vote, la sentencia suele tardar entre 20 y 30 días.
Hay tres supuestos casos. El primero, que se desestimen tanto el recurso del Ayuntamiento como el de los trabajadores, por lo tanto se confirmaría la sentencia del TSJA: los despidos son improcedentes. Esto supondría para el Ayuntamiento un gasto de entre 10 y 15 millones de euros más, ya que tendría que abonar a los trabajadores la diferencia entre la indemnización actual (20 días por año trabajado) y la impuesta por esta decisión judicial (45 días por año).
El segundo supuesto sería que se desestimara el recurso del Ayuntamiento y se estimara el de los trabajadores, o sea, se declararían nulos los despidos. En este caso se tendría que readmitir a los empleados y pagarles los salarios atrasados y la Seguridad Social, con un recargo que rondaría el 20% de lo adeudado. Aunque aquí se abre la puerta a la negociación: “siempre habrá quien quiera el puesto, otros que opten por negociar o aquellos que quieran extinguir el contrato”, explica Ortega.
La última posibilidad contempla que el Supremo desestime el recurso de los trabajadores y dé la razón al Ayuntamiento, por lo que aprobaría que las extinciones de contrato fueron conforme a derecho. Para Antonio Ortega, es “muy difícil” que se dé el último supuesto, ya que “los ponentes de la Sala de lo Social de Sevilla están muy cualificados, entre ellos la presidenta, Ana María Orellana, una magistrada de Jerez brillantísima que ha firmado esta sentencia, por lo que no creo que el Supremo la corrija”.
Eso sí, no lo afirma rotundamente, ya que “todo puede pasar”. El hecho de que esta vaya a ser la primera sentencia del Supremo respecto a un despido colectivo de una administración hace dudar a Ortega acerca de la decisión que adoptará. “En varias sentencias de empresas privadas el TS ha rectificado a la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia introduciendo una parcialidad, estimando parte de los recursos". Aunque Ortega lo tiene claro: “lo lógico y lo acertado sería que fuese no ajustado a derecho y los despidos improcedentes”.
Una vez se pronuncie el Supremo, habrá que negociar y buscar una solución negociada para las partes. Antonio Ortega considera que “tener que llegar a un juicio para que un juez dicte una resolución es un fracaso de la negociación”. El abogado laboralista recuerda en este punto las palabras de un compañero de profesión ya fallecido: “Antonio Camacho decía que en una guerra es preferible dos heridos a un muerto. Es preferible ceder las dos partes que irnos a un juez”.
Ortega explica que “habrá procedimientos en los que no habrá más remedio que ir a la vía judicial, pero en los que sean negociados, llegar al juzgado es un fracaso”. “Más vale un mal acuerdo que un buen juicio”, sentencia.
“A Deloitte no lo pediría responsabilidades. Yo viví el juicio en la Sala y la profesional de la asesoría hizo un trabajo ejemplar, porque tenía que tumbar cinco demandas y defenderse de todo”, asegura el abogado laboralista. Para Ortega, el responsable de la “arbitrariedad” y a quien hay que pedir responsabilidades es a Antonio Saldaña. Deloitte hizo un trabajo muy bueno en la vista; en la negociación no lo sé porque no estuve presente”.
El ERE se realizó, como recoge la sentencia del TSJA del 20 de marzo de 2013 según varios criterios que expuso en juicio el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña: “quién trabajaba mejor o peor, era problemático, quejica, en base a la rumorología, la actitud ante el trabajo, si eran vagos”. Los informes eran verbales, “no valorando la formación, sino quien trabajaba bien, era el día a día y esa documentación se destruyó, porque no eran buenos trabajadores y eran conflictivos, con encarecimiento de los servicios, y hay quien no hace nada y él desconocía el currículo; criterios confirmados por el técnico Jaime García de Urbanismo”, afirma la juez Orellana en la sentencia.
Comentarios