A once meses de las elecciones municipales, el gobierno local del PP trata de minimizar ante la opinión pública los indeseables efectos colaterales de la flexibilización de los pagos para la devolución del crédito ICO que solicitó de unos 400 millones de euros y que la alcaldesa María José García-Pelayo admitió públicamente que era incapaz de asumir. El pleno extraordinario del pasado viernes sirvió para que el Ministerio del que es titular el popular Cristóbal Montoro tenga ya en su poder un nuevo compromiso de ahorro (fundamentado principalmente en más recortes) que fue aprobado únicamente con los votos a favor del partido que sustenta al gobierno local frente al rechazo del resto de grupos políticos de la oposición.
"Nuevo regalo a la banca", "atentan contra los trabajadores y los servicios públicos", y "es otro ajuste ideológico" fueron algunos de los calificativos que PSOE, Foro e IU brindaron a este nuevo Plan de Ajuste que Pelayo y su equipo defienden descartando "medidas traumáticas, ni subidas impositivas". En todo caso, la flexibilización incluye la devolución del préstamo de diez a veinte años y algo clave para el equipo popular, el periodo de carencia se amplía en dos años más, por lo que deja el marrón al próximo gobierno municipal que emane de los comicios locales del año que viene.
En cualquier caso, LVDS Jerez analiza punto a punto a continuación las tripas de las medidas de ahorro e ingreso que contempla este nuevo Plan de Ajuste (2014-2032) para Jerez que ha tenido que aprobar el gobierno municipal del PP por imperativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿El resumen? Nuevo tajo en el capítulo de personal, nuevo recorte del 20% en los servicios públicos y, de tapadillo, el incumplimiento de la promesa de la alcaldesa de acabar con el catastrazo.
De las 16 medidas de reducción de gastos que contiene el Plan de Ajuste, hacen uso en esta ocasión de 6:
Amortización de puestos: es imposible que con la progresión en la reducción de gastos de personal que contempla el Plan no existan medidas traumáticas. Es imposible que con la amortización de puestos se lleguen a esas cantidades de ahorro en costes de personal, máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de los empleados municipales mayores de 59 años fueron incluidos en el ERE municipal. Hasta al menos 2017 no habrá jubilaciones. ¿De que amortizaciones de puestos hablamos? Si para 2015 se plantea una reducción de gastos de personal de 6 millones, parece que la previsión obviamente no casa con que sea el resultado de jubilaciones y de la integración del personal de las empresas municipales liquidadas. Oposición y sindicatos tienen ya claro, especialmente tras el fallo del TS del pasado miércoles, que de repetir en el poder municipal el PP volverá a haber nuevos despidos masivos.
Reducción de gasto de personal por absorción: esta medida hace referencia a la homogeneización de salarios de los empleados públicos de las empresas municipales que se han absorbido por el Ayuntamiento. Parece difícil de creer si se tiene en cuenta que plantillas como las de Jesytel y Jereyssa ya se rebajaron sus sueldos hace unos años. Además resulta contradictorio, como poco, comprobar cómo por otra parte a empleados absorbidos por la empresa local Comujesa se les sube el sueldo un 3% y se les ofrecen mejoras sociales que también implican coste.
Internalización de contratos: esta medida ya estaba funcionando históricamente en el Ayuntamiento, pero el gobierno local la suprimió en parte. En los últimos tres años, como ha denunciado la oposición en muchos momentos, se han externalizado y se han gastado cientos de miles de euros en contratar servicios que venían desarrollando los propios trabajadores municipales, como por ejemplo la rotulación de las placas de calles. Los empleados de Infraestructuras siempre han desarrollado este tipo de trabajo y ahora se está pagando para que lo hagan empresas externas. En el mismo sentido, los servicios de cerrajería se han tenido que externalizar obligatoriamente porque solamente hay un cerrajero municipal. Pero también se contratan sistemáticamente proyectos y estudios a empresas externas, así como el ingente gasto en defensa jurídica de estos años. Curiosamente el gobierno local habla en este apartado de los beneficios de la municipalización del transporte urbano y el servicio de calas en la vía pública por "el ahorro que supone no abonar los gastos generales, beneficio industrial e IVA". Hace cuatro o cinco años que grupos políticos como IU plantean esta necesidad de ahorrar por la vía de la gestión directa y es ahora cuando el PP se da cuenta de esa ventaja, pese a que no ha parado de adjudicar servicios a empresas privadas en estos tres años.
Reducción de celebración de contratos menores: reducir los importes de los contratos menores viene a significar simple y llanamente pagar menos por los servicios. Difícilmente pagando menos puede no verse mermada la calidad del servicio que se presta.
Modificación corporación local: se espera un ahorro progresivo entre 250.000 y 500.000 euros a partir de la denominada economía de escala. Un cálculo muy abierto de ahorro que aseguran del todo improbable de cumplir en la situación de crisis generalizada del país.
Otras medidas por el lado de los gastos: entre este año y 2032, el equipo económico municipal fija un ahorro indeterminado lineal de 1,87 millones de euros. No se especifica en qué consiste, simplemente se deja abierto bajo ese epígrafe.
De las 5 medidas de ingresos que contiene este nuevo Plan de Ajuste se hacen uso únicamente de dos de ellas:
Actualización de tipos y tasas: aunque se ha anunciado públicamente que no existirán subidas impositivas, también llama la atención en el documento del Plan que el IPC contemplado previsto sea del 1,55% y del 2,05% a partir del año próximo teniendo en cuenta que este año ha sido solamente del 0,29%. Se habla de subidas en casos excepcionales pero no se explica cuál puede ser esa excepcionalidad. Otro detalle a destacar en este apartado es que la Orden ministerial que flexibiliza la devolución de los pagos establece que dentro de cuatro años los servicios públicos han de autofinanciarse al 100% por medio de su respectiva tasa o precio público. Esto significa, sí o sí, más impuestos de aquí a 2018.
Del mismo modo, y aún más grave, el asunto del catastrazo, al que el PP renuncia definitivamente pese a que fue una de sus grandes promesas electorales a los jerezanos. Si prometieron que se actualizarían y adaptarían los valores catastrales del municipio a la realidad del mercado, ahora de pasada en este Plan de Ajuste se comprometen expresamente a todo lo contrario. Las cuotas del IBI se van a mantener y una vez se actualice la ponencia subirán el tipo impositivo para que la recaudación no baje. Es decir que la reducción de los valores catastrales para adecuarse a los valores de mercado no va a beneficiar a los jerezanos, que seguirán pagando lo mismo por la contribución.
Ingresos patrimoniales: se centran prácticamente en exclusiva en la venta del agua (40 millones que se han ingresado ya este año) y en el canon que se ingresará por la ampliación de la zona azul en todo el centro de la ciudad y zonas aledañas. No hay medidas tendentes a la lucha contra el fraude fiscal y tampoco se cumple con la promesa del PP de dotar a Jerez a través del Gobierno de la Nación de un Estatuto Económico Especial para Jerez por su singularidad territorial.
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