Vecinos de la barriada siguen a la espera de que concluyan las obras de legalización tras haber abonado las cantidades solicitadas por el Ayuntamiento.
Llegó a la barriada hace más de veinte años y compró el terreno donde ahora está su casa por un millón de pesetas. Por aquel entonces trabajaba como viticultor y ganaba 2.000 pesetas a la semana. “Un saco de cemento costaba 25 pesetas y cuando ahorraba algo compraba uno para ir levantando poco a poco mi vivienda”, cuenta José Luis, vecino de Las Flores, la barriada situada al norte del norte de Jerez. Allí llevan más de 15 años esperando la urbanización de sus calles. El inicio de esta ya larga historia se sitúa en 1999, cuando vecinos y Ayuntamiento, entonces con Pedro Pacheco en la Alcaldía capitaneando el ahora extinto PA, comenzaron las conversaciones para iniciar unas obras que siguen sin estar finalizadas.
“Es una zona tranquila, me gusta vivir aquí, pero con nosotros han hecho horrores”, resume José Luis, que ha abonado más de 3.000 euros para que el Ayuntamiento se encargue de urbanizar su calle y las colindantes, a los que hay que sumar otros 300 en concepto de intereses. “Si no pagaba, en un año se me ponía en más 600 euros”, se queja este vecino. “Si no pago me endeudo… ¿Cómo puedo pagar recargo por algo que no han hecho?”, se pregunta. Para abonar esta cantidad tuvo que pedir un préstamo, como muchos de sus vecinos, y a día de hoy sigue sin ver resultados. “No hay nada”, señala, “somos jerezanos de segunda no, de cuarta por lo menos”.
Paseando por la zona, el histórico dirigente vecinal Miguel Romero, que lleva en la brecha desde el inicio del conflicto, va enumerando deficiencias de la barriada: parques a medio hacer, calles en las que el acerado apenas se ve por la altura de la vegetación, alcantarillas sin tapas, el esqueleto de un transformador que nunca llegó a usarse… “Cuando yo entré había 100 vecinos sin luz ni agua”, dice Romero, unos derechos que consiguieron “a base de cacerolás”. El representante vecinal cuenta que uno de los vecinos, que ha heredado una parcela de 700 metros cuadrados, tiene que pagar 40.000 euros para lograr la legalización de esos terrenos.
La situación afecta a unas 350 familias de Las Flores, que han pagado, según calcula el representante vecinal, más de un millón de euros al Ayuntamiento para que inicie las obras de urbanización y culmine con la legalización de las viviendas. “¿Dónde está ese dinero?”, se preguntan. La delegación de Urbanismo, dirigida por el teniente de alcaldesa Francisco Camas, asegura que el Ayuntamiento trabaja en el avance de los trámites necesarios para finalizar el proyecto, paralizado tras la espantada de una de las empresas que estaba llevando a cabo los trabajos. “Decidimos ejecutar por fases las obras restantes para así dar más agilidad al desarrollo de las mismas y poder adecuarlo al nivel de ingresos que gestiona el Ayuntamiento, ingresos que, recordamos, provienen de las aportaciones de los vecinos”, señalaba Camas hace unos meses al ser preguntado sobre este asunto, apuntando al inicio de la legislatura que “se están llevando a cabo las gestiones necesarias para que la Agencia Tributaria anule el embargo efectuado sobre las cuentas en las que los vecinos ingresaron las correspondientes cuotas de participación en los costes de urbanización”. Un embargo, hay que recordar, propiciado por el uso indebido de fondos Reindus por parte del anterior gobierno socialista.
“Se está redactando una primera fase del proyecto de terminación de las obras de urbanización del API San Jerónimo B, primer desglosado, que será financiado con los costes de urbanización que ya han aportado los vecinos”, explica Camas, que hace unos días se reunió con vecinos de la zona, por lo que desde Urbanismo señalan que se está “cerca” del final de este tortuoso camino. “No han hecho nada, hemos tenido que pagar obligados”, lamentan sin embargo los residentes de Las Flores, que siguen sin ver la luz al final del túnel.
Ana vive en la barriada desde hace unos años. Su piso, cuenta, le costó 35 millones de pesetas —más de 210.000 euros—, “y ahora no me dan ni diez millones”, señala. Ella se ha librado de tener que pagar la urbanización de la zona porque vive en la acera de enfrente a la de José Luis. “Me vendieron muy bonita esta zona cuando llegué, diciéndome que iban a hacer un colegio, un centro de salud, un parque, spa para los vecinos… y mira lo que hay”, apunta. Las aportaciones realizadas por los vecinos, cuentan desde el Ayuntamiento, está disponible para ser destinadas a las obras de urbanización en cuanto se adjudique el proyecto y la maquinaria se ponga en marcha. “No hay ningún tipo de desvío”, señalan fuentes municipales, desmintiendo las voces vecinales que alertan sobre el posible destino de los fondos. “Pilar Sánchez asfaltó sin pedirnos dinero y Pelayo cobró un millón de euros y nos hizo apenas una calle”, señala Miguel Romero, el dirigente vecinal de Las Flores.
El proceso continúa sin arrancar, tras los parones en las obras de 2006, con Pilar Sánchez en la Alcaldía. Dos años después muchos vecinos abonaron los costes solicitados por el Ayuntamiento para continuar con un proyecto, dividido en dos fases —4S1 y 4S2—, que se vio de nuevo interrumpido por la suspensión de pagos de Jale Construcciones, una de las empresas que estaban llevando a cabo los trabajos. Algunos residentes, hartos de las promesas políticas, no llegaron a pagar lo que se les solicitaba para poder legalizar sus viviendas, por lo que luego tuvieron que abonar sobrecostes, como es el caso de José Luis. La constructora Noriega, que gestionaba la otra fase del proyecto, dejó de trabajar en 2009 acusando de impagos al Ayuntamiento.
Entre 2011 y 2015, con el PP en la Alcaldía, se avanzó parcialmente, pero los populares aseguran que no se pudieron licitar las obras porque estaba embargada una cuenta de Emusujesa —la extinta empresa municipal de suelo— donde se ingresó el dinero aportado por los vecinos de Las Flores. Durante la legislatura, los populares preguntan en cada pleno por el estado por los avances realizados en torno a este tema. La asociación vecinal Puntas del Norte, creada en 2005, señala que la solución para desatascar el conflicto pasa por incluir una partida en el Presupuesto con la cantidad aportada por los vecinos. Esta asociación llegó a dirigir una misiva a la Junta de Andalucía pidiéndole ayuda a la presidenta Susana Díaz para desatascar la situación: “Con sus fuertes convicciones y como socialista que es, este problema social recibirá toda su fuerza y apoyo".
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