Su abogado alega que una de ellas ha sido "determinante" para la investigación de los hechos, mientras que la del IPDC incluso "exigió reducción de la cuantía de algunas facturas cuyo importe no era conforme con lo contratado, algo que demuestra la honestidad de su actuación".
El abogado que defiende a las dos altos cargos del Ayuntamiento de Jerez que en el momento de los presuntos contratos irregulares con la Gürtel ejercían como interventora municipal e interventora del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) ha anunciado que recurrirá el auto del juez José de la Mata en el que da por concluída la investigación sobre la pieza jerezana de la trama corrupta. En dicho escrito, el magistrado proponer llevar a juicio al cabecilla de la red, Francisco Correa, a otros tres trabajadores suyos; y a cinco empleados municipales, entre ellos las referidas. En cambio, el letrado mantiene que tanto una como otra de sus defendidas "en ningún momento han quebrantado la legalidad aplicable al desempeñar sus funciones de Intervención en el Ayuntamiento de Jerez y en el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, que han llevado a acabo con total escrupulosidad y respeto a la Ley".
"Como muestra de su forma de actuar, la interventora del Ayuntamiento formuló en su día informe que ha sido determinante para la investigación de los hechos", mientras la que era responsable en el IPDC "exigió reducción de la cuantía de algunas facturas cuyo importe no era conforme con lo contratado, algo que demuestra la honestidad de su actuación". "La imputación que se ha formulado contra ellas se sustenta en una inadecuada concepción de la función del Interventor en el desarrollo de la actividad de las funciones públicas", añade el abogado, quien avanza que "las anteriores cuestiones se harán valer en el recurso de apelación que será formulado por esta defensa en el plazo oportuno, sin perjuicio de ofrecer a la Justicia, desde este momento, su mayor colaboración para el esclarecimiento de los hechos".
En la exposición de motivos que remitió al Supremo en junio pasado, el magistrado escribe que la Intervención municipal emitió hasta en tres ocasiones, y en otros tantos informes, advertencias de ilegalidad a la entonces regidora jerezana María José García-Pelayo, haciendo ésta caso omiso a todas ellas. El primer documento que le remitió el órgano fiscalizador municipal indicaba expresamente que el órgano competente para la aprobación de las contrataciones era el consejo rector del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) -desde donde se fraguó el amaño-, cuya presidenta era la propia Pelayo. "Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del consejo rector", detalla el juez.
La entonces interventora municipal también informó "expresamente" que debía seguirse el procedimiento de contratación previsto en la Ley. Pese a conocer esta circunstancia, "ordenó indebidamente que se siguiera el procedimiento de urgencia, asegurando así la falta de concurrencia". Por último, Intervención también advirtió expresamente de que no debían firmarse los contratos sin que se constituyera la fianza del 4% de cada uno de ellos establecida en el TRLCAP. La fianza no se constituyó, pese a lo cual Pelayo, detalla el juez, firmó los contratos. Además, añade, "ordenó el pago de las facturas correspondientes sin efectuar la retención de fianza correspondiente". En este sentido, la dirigente popular firmó los contratos pese a que las empresas no habían acreditado -requisito previo y obligatorio- estar al corriente de las obligaciones tributarias.
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