Movimientos sociales se dan cita para coordinar un frente común para defender el agua como derecho humano y bien público. Un portavoz de la Coordinadora del Agua y el alcalde de Torrecera, en nombre de las tres pedanías que llevan más de dos años oponiéndose a la privatización del agua de sus ciudadanos, representaron a Jerez en Bélgica.
Coincidiendo con la celebración de la IV Conferencia del Agua, organizada por la Comisión Europea los días 23 y 24 de marzo, diferentes grupos y plataformas, entre los que se encuentra la Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur, han organizado un encuentro para reivindicar el agua como derecho humano y bien público, y no como una simple mercancía con la que hacer negocio. Por ello, exigen que se legisle desde las instituciones europeas en este sentido. Los ciudadanos se sienten desprotegidos ante el avance de la privatización de servicios tan básicos como el agua, especialmente en los países del sur, en donde es una condición de la troika para ofrecer financiación a estos países.
Denuncian que la Comisión no haya contemplado en su programa dentro de la IV Conferencia del Agua un tema de tanto calado, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica actual, en la que la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento hace más vulnerables a los que ya lo son. La ciudadanía avaló a través de la Iniciativa Ciudadana Europea con la presentación de 1.800.000 firmas, la necesidad de que se lleven a cabo reformas legislativas en este sentido. Asimismo, los colectivos señalan que la Directiva Marco del Agua declara en su primer considerando que el agua no es un bien comercial. Por lo que señalan que se debería haber incluido entre los temas tratados en esta Conferencia el derecho humano al agua y la situación de indefensión de los ciudadanos ante las políticas privatizadoras.
En España estas reivindicaciones se están canalizando a través del Pacto Social por el Agua, dentro de lo que se ha llamado la Iniciativa 2015. En nuestro país más del 54% de los municipios tienen privatizado el servicio del agua con un modelo en el que se repiten determinadas características entre las que destacan: la privatización sin justificación a pesar de la oposición masiva de los vecinos; contratos a largo plazo en régimen de monopolio; opacidad en la tramitación de los procesos con presunta corrupción en muchos casos; financiación encubierta a los ayuntamientos a través del canon concesional; contratos lesivos para el interés de los ciudadanos que dificultan enormemente la remunicipalización; endeudamiento de los ayuntamientos con las empresas que gestionan el agua; absoluta falta de participación ciudadana; ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas a los ciudadanos; cortes de agua por imposibilidad de pago, y por último, adjudicación de obra pública relacionada con la urbanización y no con el agua. Por todo ello, invertir en agua se convierte en un negocio de alta rentabilidad para todas estas empresas.
La protesta de los colectivos sociales europeos en Bruselas los pasados días 23 y 24 se visualizó en una manifestación desde la Plaza de Luxemburgo hasta la puerta del edificio de la Comisión, en donde se celebraba la 4ª Conferencia. Además, se llevaron a cabo distintas mesas redondas en donde se concluyó que es necesario formar un frente ciudadano unitario para enfrentarse a las políticas de la Unión Europea que conducen cada vez más a la liberación y privatización del conjunto de los servicios públicos, entre ellos el del agua. Por encima de todo se subrayó que el agua es un bien público esencial, cuya gestión requiere de un modelo de gestión democrático, transparente y participativo y con el que se pueda preservar el abastecimiento como derecho humano, además de los requerimientos medioambientales de los ecosistemas hídricos, tal y como la Directiva Marco del Agua propone.
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