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Pilar Sánchez asegura, en la primera de las tres jornadas del juicio por el llamado 'caso desvío de fondos', que el Ministerio competente en el Plan E sabía que existía un "plan de reposición" y que el pago a 3.000 familias era una causa de "fuerza mayor". Mantiene que los "escraches" se inventaron con ella a raíz de los impagos y que "nunca he visto a ningún alcalde sentado en un banquillo por esto".

Pilar Sánchez, esta mañana, en la Audiencia.

La exalcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, ha asegurado esta mañana, en la primera de las tres jornadas previstas en el juicio por el 'caso desvío de fondos', que "la primera obligación de un alcalde es pagar las nóminas y el Estado estaba al corriente". En declaraciones recogidas por Radio Jerez y Europa Press, Sánchez ha mantenido ante la sala que cuando estaba al frente del Ayuntamiento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

La presión que soportó en muchos momentos de la legislatura Pilar Sánchez por el impago de las nóminas (no solo de la plantilla municipal, también de otros colectivos como las trabajadores de ayuda a domicilio y limpieza en colegios) le supuso amenazas, pintadas por toda la ciudad, manifestaciones diarias a las puertas del Ayuntamiento e incluso denuncias ante la Inspección de Trabajo por sindicatos como la CGT, mayoritario entre el colectivo de laborales del Ayuntamiento. Sánchez ha asegurado que los "escraches tan famosos" se "inventaron" con ella como alcaldesa de Jerez, cuando por ejemplo, según ha recordado, miembros del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) "se vestían de romanos" y la seguían "por toda la ciudad".

El juicio tendrá lugar hasta este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez y en el mismo la exregidora está acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del llamado Plan E que habría destinado al pago de la nómina de la plantilla municipal o a las concesionarias. Esto es a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos. Pilar Sánchez, que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Abogacía del Estado, se ha limitado a responder a las cuestiones planteadas por su abogado y la Fiscalía, lo que ha hecho por espacio de más de dos horas. Los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local del PP ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar, al mes y medio de tomar posesión, desfases de tesorería. El Ministerio Fiscal solicita para la acusada tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros.

"No me levanté un día y dije: 'Voy a gastar los fondos del Plan E para pagar las nóminas'", ha dicho tras ser preguntada por el fiscal sobre por qué utilizó los fondos finalistas de una cuenta restringida. Al respecto, ha explicado que se constituyó un "comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento". Ha insistido en que "no hubo improvisación" y en que había "un plan de reposición". Del mismo modo, según ha explicado, ese comité de crisis consideró que "el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor", lo cual también entiende que era su "obligación". En este sentido, ha enfatizado que "nunca he visto a ningún alcalde sentado en un banquillo por esto".

Al hilo de lo anterior, ha mantenido que "nunca" dejaron de pagar dentro de plazo las certificaciones de pago que le iban llegando de las obras del Plan E, afirmando en este sentido que "si hubiera seguido gobernando se hubieran seguido reponiendo los pagos", ya que "había ingresos previstos, no inventados. Eran ingresos previsibles". De hecho, apunta la exalcaldesa socialista que no ha recibido ningún requerimiento porque las obras del Plan E "se estaban pagando" y cuando dejó la Alcaldía "estaban al 75 por ciento de ejecución". Sánchez también ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina.

En este punto ha llegado a asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de "reponer" alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos "por causa de fuerza mayor", como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla "y no para una fiesta", apostilla. La exalcaldesa también ha reiterado que "confiaba plenamente" en los técnicos del área de Tesorería que emitían los informes de reposición de cantidades retiradas de la cuenta restringida que ella firmaba, "porque los pagos se iban haciendo" y ellos "resolvían cada día la papeleta económica del Ayuntamiento".

"Era imposible tener ingresos inminentes"

Este lunes también han declarado en calidad de testigos la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, y su primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña. Pelayo ha explicado al tribunal que reparó de la situación a raíz de recibir un documento del Gobierno central pidiéndole un informe con fotografías de las obras realizadas con las cantidades que recibió el Ayuntamiento -más de 15 millones de euros- y darse cuenta de que "no podía justificar con fotos" la ejecución de los proyectos. De este modo, ha asegurado que en ese momento era "totalmente imposible" tener ingresos "inminentes" para reponer dichas cantidades ante "el colapso de tesorería que había" y que les dejaba "sin posibilidad de asumir pagos". En este sentido, ha considerado "imposible" las manifestaciones de Sánchez asegurando que si ella hubiera seguido en la Alcaldía en 2011 hubiera seguido pagando las obras.

García-Pelayo, que en lo que va de legislatura ha dejado a abonar los vencimientos sucesivos de los créditos ICO que ha suscrito su gobierno o, como otro ejemplo, no explica si ha pagado los más de 5 millones que debe devolver a la empresa estatal Tragsa por diferentes obras en la ciudad, ha abundado que cuando ella llegó al Ayuntamiento la alcaldesa saliente sólo había pagado "la mitad de la nómina de mayo a la plantilla" y en ese momento los ingresos del Consistorio "estaban comprometidos" por "tomas de razón" y el convenio con la Diputación y los proyectos.

La regidora jerezana también ha lamentado que debido al "desfase" detectado y al haber asumido la terminación de algunas de las ocho obras afectadas con cargo al Plan ICO, cuyas cantidades deberán devolver a los bancos, "las vamos a tener que pagar dos veces". En la sesión de este lunes también ha declarado el primer teniente de alcalde y delegado municipal de Urbanismo cuando se detectaron los desvíos, Antonio Saldaña, y un técnico de Urbanismo, mientras que para este martes está prevista la comparecencia de casi una decena de técnicos municipales como testigos.

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