Bajo el ostentoso nombre de Centro Polivalente de Nuevas Tecnologías para Seguridad y Movilidad, el Ayuntamiento de Jerez, con Pilar Sánchez de alcaldesa, proyectó en 2010, con cargo a aquel controvertido Plan E de Zapatero, la mudanza de la vieja Jefatura de la Policía Local, en El Almendral, a los terrenos de la antigua cárcel de La Asunción, donde en paralelo se levanta todavía hoy la nueva Comisaría de la Policía Nacional. La iniciativa municipal se adjudicó hace casi una década por 2,45 millones de euros a la empresa Construcciones MS y debía estar finiquitada en seis meses, justo antes de las municipales de 2011.
En cambio, entre la quiebra técnica del Consistorio —los fondos estatales se desviaron al pago de nóminas de la plantilla— y la crisis generalizada, los trabajos quedaron abandonados y a la mitad. En 2013, con el PP de María José García-Pelayo en el poder municipal desde aquel verano de 2011, el contrato se cedió a la constructora Tarje SA, que tenía por delante la tarea de rematar un proyecto para el que entonces quedaban unos 900.000 euros de inversión pública. Después de dos modificaciones del referido contrato, el plazo para concluir la obra se fechó en febrero de 2015, pocos meses antes de las elecciones locales de aquel año. Tampoco fue posible.
El 12 de enero de 2016 se levantó acta por parte de Urbanismo y se decretó la suspensión total de las obras por la empresa constructora. Hasta esa fecha, el Ayuntamiento, como acredita en los datos reportados al Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) —que ha venido cursando en los últimos tiempos diferentes solicitudes de información a través del Portal de Transparencia—, había abonado un total de 2,36 millones de euros a las dos constructoras, pese a que la obra apenas estaba concluida a la mitad. A finales del pasado mes de junio, el Ayuntamiento respondía a las peticiones de información del citado OCM sobre la previsión de costes para la finalización de la obra: unos 680 y 700.000 euros.
Igualmente, a principios de julio pasado, respondía sobre los costes derivados de la vigilancia municipal para evitar el saqueo de la obra paralizada: unos 2 millones de euros —seis policías locales y 2.190 jornadas de ocho horas al año—. En este mismo mes de agosto, se ha aprobado por la junta de gobierno local la obra de urbanización de la parcela del edificio de la nueva jefatura de la Policía Local. Otros 600.000 euros con cargo a las cuentas municipales para facilitar los accesos a las futuras dependencias policiales.
El PP recientemente, sin la más mínima autocrítica ni contexto por todo lo sucedido, atacaba al PSOE por su falta de diligencia para desbloquear un proyecto que no es más que un desastre, otro más, que costará —está costando— muy caro a la ciudad. El PSOE, por su parte, replicaba al mismo nivel discursivo: desviando la atención y echando mano del socorrido y tú más para afearle al PP que gastara 2 millones de euros en vigilar el chalé de García-Pelayo. En total, cuando al fin abra sus puertas este edificio largamente demandado especialmente por los funcionarios del 092 jerezano, el Ayuntamiento habrá tenido que invertir más de cinco millones y medio de euros en un proyecto que debió costar menos de la mitad de esa cantidad y estar concluido hace nueve años.
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