Marisa Iglesias gana un juicio por cesión ilegal y despido improcedente de Eléctrica de Cádiz, pero no es suficiente para ser readmitida.
Agotada y muy desilusionada se encuentra Marisa Iglesias, la trabajadora que el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz se niega a readmitir pese a contar con una sentencia favorable a la empleada. El voto doble del Partido Popular, representado por el concejal —y presidente de la Fundación— José Blas Fernández, desequilibró una balanza hasta entonces igualada: los tres consejeros de Endesa votaron por la indemnización, mientras que David Navarro (Por Cádiz Sí Se Puede), Eva Tubío (Ganemos Cádiz) y Juan Cantero (PSOE), optaron por la readmisión de Marisa.
Su historia comienza en 2002, cuando comienza a trabajar en una ETT (Empresa de Trabajo Temporal) para la empresa municipal de electricidad, que cuenta con un 55,3% de capital público. Desarrolla diferentes labores con contratos trimestrales hasta que en 2006, con motivo de su embarazo, “fui a la calle”. Algo que le dolió, pues pidió, después de estar cuatro años trabajando para Eléctrica de Cádiz, “entrar en plantilla porque había compañeros que se jubilaban”. Recibe la negativa por respuesta y abandona su puesto de trabajo. Cuando regresa, cuatro años después, entra a trabajar sustituyendo a otros empleados durante sus periodos vacacionales, “pero muy cortitos: una semana, dos…”. Estuvo así hasta 2014, cuando vuelve a quedarse embarazada y causa baja por maternidad. Durante el siguiente año firma dos contratos, también a través de empresas de trabajo temporales.
Cuando acaba el último de los dos —en octubre de 2015—, José Luis Molina, gerente de Eléctrica de Cádiz, le informa de que no puede trabajar más para ellos, "porque no puedo firmar más contratos con ETT, pero me dice que están contentos conmigo y que no quieren que la relación laboral acabe ahí”. Es en ese momento cuando le dice que seguirá en una empresa cuyo nombre no le puede decir. Marisa ya empezaba a sospechar algo. A la semana de aquella conversación, la misteriosa empresa se pone en contacto con ella informándola de que querían una entrevista porque constaba como candidata para el puesto de trabajo. “Me dijeron que no podía tener relación familiar con ningún trabajador de Eléctrica de Cádiz”, pero lo que más le extrañó fue que “ellos tenían un desconocimiento absoluto del trabajo que yo tenía que desempeñar”. Tanto es así, que llegaron a preguntarle cuánto tenían que pedirle a Eléctrica de Cádiz para su salario.
Incluso “los jefes” de la empresa municipal visitaron la nueva oficina de Marisa en su primer día de trabajo. “Me dieron la enhorabuena y me dijeron que se alegraban de que siguiera trabajando con ellos”, relata la extrabajadora. Sin embargo, en ningún documento figuraba que el nuevo empleo de Marisa guardara alguna relación con Eléctrica de Cádiz, por lo que se estaba incurriendo en una cesión ilegal y contratación en fraude de ley, como así lo reconoció el Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz en una sentencia dictada el 20 de abril de 2017 que obligaba a la comercializadora a readmitir o indemnizar a la extrabajadora.
Sin embargo, su situación no ha vuelto a avanzar desde entonces. Sigue estancada exactamente en el mismo punto en el que comenzó una odisea con la que sus hijos de 12 y 10 años “sobreviven”, tal y como relata la madre soltera. “Vivimos de una ayuda pero a los políticos les importa más echarse la culpa unos a otros que ponerse de acuerdo para arreglar mi problema”. Y es que su vida está en estos instantes en manos de la clase política local. “Desde el equipo de gobierno me dicen que están a favor de mi readmisión, pero no han hecho nada por ello, y en el PP argumentan que soy de Podemos”, apostilla desilusionada Marisa Iglesias.
Desde que conoció la sentencia se manifiesta regularmente ante las puertas de Eléctrica de Cádiz, de la sede del PP o del Ayuntamiento, donde ha llegado a acudir todos los días para hablar con los concejales y mostrarles su preocupación, obteniendo siempre palabras vacías. La próxima concentración, cuenta, será el martes 23 de enero a las 11:00 horas en las puertas de Eléctrica de Cádiz, con la esperanza de que su lucha tenga fruto y vea sus derechos, por fin, cumplidos.
Comentarios