“No queremos que hablen en nombre de los vecinos”, expresa Antonia Zapata, una de las residentes en Montealegre Alto, una zona sin urbanizar al Este de Jerez, que se enteró por la prensa de que se llevó al último pleno del Ayuntamiento la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) necesaria para desarrollar urbanísticamente una zona en la que muchos propietarios de parcelas llevan viviendo 30 años. No se aprobó por las abstenciones de PP, Ciudadanos y Adelante Jerez.
“Nos alegramos de que no se haya aprobado”, sostiene Zapata, quien atiende a lavozdelsur.es junto a varios vecinos, residentes de la zona, todos pequeños propietarios con parcelas de unos 1.000 metros cuadrados. “Han querido hacer la urbanización de forma global y no estamos de acuerdo”, señala, “queremos que se haga por fases, porque quieren hacer una urbanización de lujo”. Antonia, Joaquín y otro medio centenar de vecinos con parcelas pequeñas forman parte de una junta de compensación —una entidad urbanística formada por los propietarios— en la que tienen poca voz y apenas voto.
Los dueños de las parcelas de mayor tamaño toman las decisiones en la junta de compensación, se quejan los vecinos, que acuden a sus reuniones dos veces al año con la incertidumbre de saber qué nuevo disgusto se llevarán. “Esto es un sinvivir”, señala M.R.D., una vecina que prefiere no dar su nombre. “Es difícil económica y psicológicamente”, añade. A ella le solicitan más de 200.000 euros por la urbanización de Montealegre. “No es viable pagar esas cantidades y no puedes vender porque los terrenos tienen una carga urbanística en el Registro de la Propiedad, ¿quién te va a comprar una casa por 200.000 euros si tiene una carga de otros 200.000?”, se pregunta. Y en esas se encuentra, atrapada en su propia vivienda, con la sombra del embargo pesando sobre su cabeza.
“Llevo 25 años luchando”, reseña M.R.D., “y si me piden eso no podré pagarlo”. La solución, apunta, pasa por “crear pequeñas juntas de compensación y urbanizar por fases”. Es a lo que aspiran los pequeños propietarios, pero la realidad es bien distinta. Muchos terrenos son propiedad de inmobiliarias e incluso de entidades financieras que no verían con malos ojos la construcción de viviendas de lujo para amortizar las inversiones realizadas con la compra de las parcelas. Hace unos años, hasta se planteó la posibilidad de construir una urbanización de 1.331 viviendas en suelos urbanizables cercanos a la carretera de Cartuja.
Antonia, enseñando el proyecto que preveía construir 1.300 viviendas en Montealegre. FOTO: MANU GARCÍA
El reconocido arquitecto Joaquín Torres, autor de La Finca de Pozuelo de Alarcón, —una urbanización de lujo donde vivieron futbolistas como Cristiano Ronaldo o Raúl— aseguró en 2011 a Diario de Jerez durante una visita a la ciudad que estaba trabajando en “un proyecto residencial que entiendo como tremendamente ilusionante, el cual además está muy bien planteado y posicionado”. La identidad del promotor de la urbanización, dirigida a personas con un nivel adquisitivo más bien alto, no se dio a conocer.
“Quieren construir una urbanización de lujo y nosotros no queremos”, insiste Antonia Zapata, a quien por los 1.700 metros cuadrados de parcela en la que reside le solicitan unos 120.000 euros para costear la urbanización de Montealegre. “Los costes son enormemente altos”, se queja, “es como volver a comprar la casa”. Los vecinos, añade, "tenemos casas dignas y vivimos bien aquí, no queremos lujos pero sí los servicios básicos”. No tienen agua potable, ni alcantarillado, ni servicio de recogida de basura. “Pagamos como urbanos y no tenemos nada”, señalan.
“Queremos que pague todo el mundo”, dice Zapata en representación de una parte de los vecinos de Montealegre Alto, una zona que abarca más de 1,6 millones de metros cuadrados cuya situación urbanística quiere desbloquear el Ayuntamiento. “Es una problemática que viene de hace 30 años, que ha conllevado varios litigios y pleitos y gran parte del suelo está por desarrollar. Nuestro objetivo es que los vecinos tengan aceras, carreteras, redes de saneamiento y demás infraestructuras básicas”, sostiene el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, durante el último pleno, en el que no se aprobó la modificación del PGOU.
Díaz señala que la modificación “ha sido solicitada por el presidente de la junta de compensación y por los vecinos de este ámbito para propiciar el desarrollo urbanístico de esta zona”, algo que desmienten los residentes con los que ha contactado lavozdelsur.es, que no sabían nada. El teniente de alcaldesa explica que la modificación propuesta quiere establecer un nuevo marco de ordenación sin hacer referencia al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) anulado por el Tribunal Superior de Justicia. “Para Ciudadanos —que se abstuvo durante el pleno— los asuntos importantes de ciudad deben ser tratados con respeto y prudencia, sobre todo, en un punto como el del pleno en el que la situación lleva años sin solucionarse y con una sentencia de nulidad del Tribunal Supremo”, dice el portavoz naranja Manuel Méndez.
“Hemos sido consecuentes y, para no bloquear puesto que el PSOE ya ha elegido a sus socios de gobierno, hemos decidido abstenernos en la modificación puntual del PGOU para el desarrollo del área de Montealegre”, explica Méndez. El PP apunta que “la no aprobación de la modificación puntual del PGOU para el desarrollo del área de Montealegre es una clara prueba de la falta de capacidad, de gestión y de diálogo del PSOE”. Antonio Saldaña, su portavoz, critica que “se somete un asunto tan importante como el desarrollo de estos suelos al pleno sin haber llegado a acuerdos con nadie y menos aún con el principal partido de la oposición”.
Un grupo de vecinos de Montealegre. FOTO: MANU GARCÍA
“Hemos querido anular esta junta de compensación y que todo comience de nuevo bajo otras condiciones y planteamientos, porque estamos pagando arquitecto, proyectos, oficinas, secretariado… para unos fines que van en contra de nuestros intereses”, se queja Antonia. “Estamos en la junta porque si no nos expropian, pero nos manejan y van contra nosotros”. “Nos están embargando cuando tenemos una sentencia que anula el PERI”, apunta. El Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aprobado en 2008, fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2017, cuando determinó la nulidad del documento, dejando sin efecto el proyecto de reparcelación del sector, que incluía 332.750 metros cuadrados edificables, con 166.590 metros de zonas verdes, 10.680 metros de espacios deportivos y 16.000 metros para un equipamiento educacional.
Hay residentes que ya han abonado distintas cantidades a la junta de compensación, como adelanto para costear la urbanización de Montealegre, un dinero que muchos aseguran que “no se sabe dónde está”. A los que decidieron no pagar les están embargando sus cuentas bancarias. “No queremos que las calles sean tan anchas ni todo con tanto lujo, preferimos costes reducidos a los que podamos hacer frente”, señala Antonia. “Con agua potable y luz estaría bien, lo demás me da igual”, añade. Su vecina, M.R.D., señala que llevan “20 años sin poder vender para largarnos de aquí porque esto es imposible costearlo”. “¿Pero dónde me voy? Si no puedo vender”, dice.
El Ayuntamiento de Jerez aprobó, en 1995, un PGOU que declaró urbanizables los suelos de Montealegre, pero no fue hasta trece años más tarde cuando se firmó un convenio urbanístico para proceder a su desarrollo. Pero el Tribunal Supremo, en 2014, anuló el plan especial después de que varios propietarios denunciaran el documento, y posteriormente el TSJA señaló que declaraba nulo el PERI por un defecto en su tramitación. Meses después de aquella decisión judicial, los vecinos pidieron la ejecución de la sentencia tras la inacción del Ayuntamiento y de la junta de compensación. Antonia y el resto de vecinos esperan que la historia tenga final feliz, cuanto antes.
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