El sindicato del Ayuntamiento mantiene que en el nuevo informe remitido a Ruz "ni tan siquiera se expone una mínima alusión a una supuesta responsabilidad en la decisión de contratar a esas empresas ni en la forma en la que se hizo".
La Agrupación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) ha podido leer "detenidamente" el informe remitido hace escasas fechas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, y que adelantó La Voz del Sur, al juez que instruye la trama Gürtel, Pablo Ruz, en relación con las supuestas contrataciones ilegales efectuadas por el Ayuntamiento con motivo de Fitur 2004, y quiere dejar claro que dicho documento "en ningún caso" hace responsable de dichos contratos a técnicos municipales. "Ni tan siquiera expone una mínima alusión a una supuesta responsabilidad en la decisión de contratar a esas empresas ni en la forma en la que se hizo", insisten.
De hecho, la Policía Judicial insta al magistrado a que requiera al Consistorio para que identifique y explique qué funciones tenían tres técnicos del Ayuntamiento en 2003 y 2004 que pudieron estar presentes en las reuniones preparatorias del desembarco de Jerez en la feria de turismo o estuvieron próximos al proceso de contratación que, como prueba la UDEF, se montó a posteriori. "El informe -explican desde ATMJ- menciona el nombre de quien aparece en las huellas digitales -metadatos- de los documentos de word como autor de los mismos, que como sabéis es el nombre del usuario del equipo, sin que garantice que sea quien efectivamente escribió el documento, lo único que garantiza es el equipo desde el que se han escrito los documentos".
En cualquier caso, subrayan, en el Ayuntamiento todos los documentos son escritos o por personal auxiliar administrativo o administrativo o por técnicos, para que sean firmados por quien ha ordenado su elaboración o por quien tiene competencia para su firma, que son los únicos responsables de lo que implique el contenido del documento y no el empleado que lo haya escrito. "Insistimos, por lo tanto, en que la UDEF, en ningún caso, concluye que el técnico desde cuyo ordenador se hicieron los documentos, pueda ser responsable de la decisión de contratación de las empresas, ni responsable de la forma de contratarlas y precio. Faltaría más", reiteran.
El informe de la UDEF, por otra parte, alude a otros dos técnicos municipales como asistentes a una reunión preparatoria de los eventos de Fitur, "sin que se concluya, tampoco en ningún momento, que la mera asistencia a esa reunión implique que dichos técnicos sean los responsables de la decisión de contratar a las aludidas empresas o responsables de la forma de contratarlas. Faltaría más". Hay que recordar que ya la UDEF emitió un informe anterior de fecha 28 de febrero de 2014, en el que implicaba directamente a la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, como al por aquel entonces delegado de Promoción, Bernardo Villar -hoy vicepresidente de Diputación-, como intervinientes en las supuestas contrataciones irregulares.
La ATMJ considera necesario resaltar, así lo expone en el comunicado remitido a plantilla municipal y medios de comunicación, "el continuo uso que hacen la mayoría de los políticos de los técnicos municipales como parapeto de sus responsabilidades políticas, siendo continuo el empleo de frases como “firmé porque había un informe técnico”,“todo tenía el visto bueno de los técnicos”, “ningún técnico informó en contra”, “el expediente cuenta con todos los informes técnicos”, etcétera". En este sentido, "está claro que los jueces ya se están percatando del uso reiterado de esa manida estrategia y la reciente sentencia del llamado caso PTA, concluye literalmente: “Es totalmente descartable que los técnicos hiciesen y deshiciesen a su libre albedrío en el Ayuntamiento y que los políticos dependiesen de sus decisiones”.
"La ATMJ siempre va a defender la profesionalidad de toda la plantilla y apoyará a quienes se vean presionados con vanos intentos de torcer su voluntad, así como a los que sufran situaciones de intentos políticos de sembrar dudas sobre su trabajo, para desviar la atención sobre el político, o a quienes sufran intentos de trasladarles responsabilidades que sólo corresponden a los que toman las decisiones y adoptan acuerdos, que son los políticos y no los técnicos", han zanjado.
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