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Es público y notorio que el Partido Popular al frente del Ayuntamiento está desmantelando en los últimos dos años y medio muchas instalaciones y bienes públicos que son patrimonio municipal para transferirlos a manos privadas. Pero además, por si fuera poco, lo está haciendo con adjudicaciones prácticamente a precio de saldo. Si la sonada privatización de la empresa pública Aguas de Jerez es el paradigma del modelo de administración local llevado a cabo por el equipo que encabeza la alcaldesa María José García-Pelayo, existen otros casos no menos sintomáticos de esta forma de gestión municipal. El más reciente ha sido la salida a licitación de las instalaciones ecuestres de Chapín, incluida la Escuela Municipal de Equitación. En paralelo al fracaso del convenio del Depósito de Sementales, para el que el PP no ha encontrado finalmente inversor privado, durante el pasado mes de diciembre se ponía en el mercado el citado complejo hípico. Algo que el gobierno local ya venía manejando desde hace muchos meses y que ahora ha hecho realidad con el sorprendente bajo precio que se fija en el concurso por la concesión para la explotación privada del equipamiento. Un total de 12.942,85 euros al año durante 20 años de cesión, o sea 1.078 euros de 'alquiler' mensual por asumir la explotación de unas instalaciones que sufragaron los jerezanos con carácter previo a los Juegos Ecuestre de 2002.

Llamativo fue también que el complejo Piscinas Jerez se licitase para la explotación privada, en abril del año pasado, por un canon de 9.880,22 euros al año durante los próximos seis años. Es decir, apenas 800 euros al mes por unas instalaciones en las que durante el verano pasan por sus taquillas miles y miles de jerezanos. Con todo, insuperable sin lugar a dudas ha sido el cambio de gestión de Aguas de Jerez (Ajemsa) de lo público a lo privado. La adjudicataria que finalmente se hizo hace menos de un año con la concesión, Aqualia (FCC), abonará 80,1 millones al Ayuntamiento (ya de hecho ha ingresado el 50% del total) por explotar el servicio durante los próximos 25 años. Una operación redonda por la que, como la propia empresa indicó en su momento, supondrá hacerse con una cartera de negocio de unos 900 millones de euros, tres veces más de lo que marcaba la memoria justificativa de la privatización que elaboró el gobierno del PP hace dos años. Dentro de las paradojas y contradicciones que arroja esta gestión, el gobierno local del PP ha mantenido durante año y medio el secuestro de la concesión del transporte urbano, abonando a la empresa concesionaria Urbanos Amarillos el coste mes a mes del déficit de tarifa que asume el Consistorio, pero gestionando la empresa con técnicos municipales hasta darle estabilidad al servicio. Precisamente a mediados del año pasado se anunció el rescate y municipalización de este servicio que obligatoriamente debe prestar el Ayuntamiento, aunque de momento no se ha hecho efectivo dicha reversión de lo privado a lo público.

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