Enrique Morales afronta una cuenta atrás que le quita el sueño. Este vecino de Jerez ha recibido una orden para abandonar en el plazo de un mes la vivienda en la que reside en el barrio de San Mateo. Su situación, sin embargo, está marcada por una vulnerabilidad extrema: tiene una pierna amputada, sobrevive con una pensión de 640 euros mensuales, espera desde hace más de dos años el reconocimiento oficial de su discapacidad y tiene a su cargo a una hija menor de edad varios fines de semana al mes.
"Yo no debería estar aquí", resume con crudeza al recordar el episodio que cambió su vida para siempre. En 2021 sufrió una profunda depresión e intentó quitarse la vida arrojándose desde un puente. "Me dieron cuatro paradas cardíacas. Estuve un mes en coma y no tenía que estar aquí, pero por cosas de la vida me salvaron", relata.
A raíz de aquel suceso comenzó un largo proceso médico. Tras numerosas operaciones, finalmente tuvieron que amputarle la pierna izquierda en diciembre de 2023. Desde entonces su movilidad es muy limitada. "Tengo prótesis, pero no aguanto más de 100 metros andando", explica. Durante años trabajó en la hostelería, pero ahora ese camino está cerrado. "Ya no puedo hacer eso por desgracia. Pero podría vender cupones o trabajar en algo adaptado".
Hasta mayo del pasado año vivía en casa de su madre, aunque describe aquellas condiciones como inviables. "Mi casa era una trampa. Era como una carrera de obstáculos", cuenta. Fue entonces cuando se trasladó a la vivienda de San Mateo donde residía el padre de su hermano mayor, que poco después ingresó en una residencia.
Desde entonces asegura que ha intentado regularizar su situación, pagando los recibos que llegaban y presentando alegaciones ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía para poder quedarse en una casa que, además, está adaptada a sus necesidades. "Yo pago todo, el agua, la luz, la comunidad, todo al corriente", sostiene.
Sin embargo, la respuesta recibida ha sido la orden de desalojo. "Me llegó una carta el 17 de abril y pone un mes", lamenta. Denuncia además que no se le ha ofrecido ninguna alternativa habitacional pese a su situación personal y familiar. "Te dicen que vayas a pedir alguna casa al Ayuntamiento, sabiendo que allí mínimo son tres años de espera".
Enrique también denuncia la demora administrativa en el reconocimiento de su discapacidad, un trámite que considera clave para acceder a ayudas y oportunidades laborales. "Llevo esperando dos años. La última vez me dijeron que iba por 26 meses de retraso".
Una nueva ilusión por vivir
Pese a todo lo vivido, Enrique asegura que hoy ve la vida de otra manera y se siente agradecido por seguir aquí. Después de aquel intento de suicidio en 2021, afirma haber encontrado fuerzas para seguir adelante, especialmente gracias a su hija. "Yo a día de hoy estoy muy contento de estar vivo", confiesa. "Tengo a mi niña dos o tres fines de semana al mes y soy el hombre más feliz del mundo", añade, reivindicando que, pese a las dificultades, ahora valora cada momento y solo quiere estabilidad para poder reconstruir su vida.
Ahora, con la amenaza del desahucio sobre la mesa, solo pide una salida digna. "Lo único que quiero es una oportunidad para rehacer mi vida". Este periódico se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer la opinión del caso, pero por el momento no ha recibido una respuesta.