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El empresario jerezano, propietario en Jerez de bodegas Tradición, ha sido considerado culpable de los delitos de malversación y blanqueo por su gestión en la inmobiliaria Gecina.

El empresario jerezano Joaquín Rivero ha sido condenado en Francia a cuatro años de cárcel, de los cuales tres firmes, al ser hallado culpable de trece cargos que se le imputaban por su gestión al frente de la inmobiliaria Gecina, principalmente malversación y blanqueo
 
El Tribunal Correccional de París, que castigó a Rivero con una multa de 375.000 euros -la más elevada contemplada por la legislación francesa para el delito de malversación-, le condenó también a pagar una indemnización civil de 208 millones de euros. 
 
La corte consideró a Rivero culpable de 13 cargos durante el periodo en el que fue presidente de Gecina entre 2005 y 2009, y le absolvió de otros cuatro por los que también había sido inculpado, en particular de información engañosa. 
 
Su antiguo colaborador Deepak Anand fue condenado a 18 meses de prisión, de los cuales doce exentos de cumplimiento. 
 
La pena contra Rivero, quien fue también presidente de la española Metrovacesa, y de las jerezanas Bodegas Tradición, es exactamente la que había solicitado la Fiscalía durante el juicio, celebrado el pasado 11 de febrero. 
 
Los jueces decidieron también la confiscación de 87.684.828 euros de dividendos que le habían sido incautados a Rivero, y que deberían servir para que responda de una parte de los más de 208 millones de daños y perjuicios que tendrá que afrontar. 
 
Su abogado Antonin Levy indicó, tras comunicar el dictamen por teléfono a su cliente -que no se hallaba presente en la sala-, que el empresario jerezano está "sorprendido" por la pena, y que ha presentado un recurso que suspende la ejecución de la pena (incluidos los abonos por los daños y perjuicios). Igualmente, explicó que está previsto la celebración de un nuevo juicio en el plazo de unos 12 a 18 meses. 
 
Las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Correccional de París se desglosan en una primera parte de 72.679.214 euros que tendrán que abonar solidariamente Rivero y Anand. Esta corresponde a 8.970.833 euros por la financiación de la suscripción de 100 millones de euros en títulos emitidos por Stratum y de 63.708.381 euros de un préstamo a la sociedad española Bamolo que sirvió para la compra de unos terrenos en Marbella que debían servir para la construcción de un hotel. 
 
La segunda parte, de 136.090.246,58 euros, corresponde exclusivamente a Rivero y se descompone en 107.800.000 euros por la adquisición del 49 % de Bami Newco a cambio de obligaciones de Stratum, 25.290.246,58 euros por garantías en favor de Bami Newco y 3 millones por honorarios al gabinete Medina Cuadros. 
 
Levy manifestó la extrañeza de su cliente por el hecho de que la pena fuera la misma requerida por el Ministerio Público, cuando había cuatro cargos de la acusación que los jueces no consideraron probados. En cuanto a algunos elementos de la indemnización, consideró que implican "tomar (a Rivero) como responsable de la crisis española". 
 
Insistió en que, según su análisis, "hubo grandes debilidades" en este procedimiento, y que confía en ponerlas en evidencia en el futuro proceso que se celebrará ante el Tribunal de Apelación de París. 
 
Preguntado por la situación empresarial actual de Rivero, el letrado indicó que "está iniciando una actividad para aconsejar a inversores en España", y recordó que había sido despojado de su participación en Gecina, que fue de algo más del 16 % del capital. 
 
De acuerdo con la sentencia, Rivero tendrá que pagar costas judiciales a Gecina (20.000 euros), a su comité de empresa (20.000 euros) y a la Asociación de Defensa de los Accionistas Minoritarios (ADAM, 10.000 euros), que se habían constituido en acusación particular. 
 
El secretario del comité de empresa, Patrick Albert, se consideró "globalmente" satisfecho con la decisión judicial, que al final fue "bastante severa", y que "evidencia que se han demostrado" los hechos que este organismo había denunciado. 
 
La ADAM formalizó a comienzos de 2009 una denuncia, que en principio era "contra X" (sin nombrar a un presunto responsable), por malversación, publicación de cuentas inexactas y divulgación de informaciones falsas.
 

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