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Diez de las 33 reclamaciones realizadas a la Oficina del Defensor durante 2015 proceden de centros de Cádiz, que tiene el dudoso honor de liderar este ranking.

El desgraciado incidente del menor que se desgarró el pene con una portería del CEIP San José Obrero, el mal estado del CEIP San Juan de Dios, los problemas de transporte escolar de alumnos del Jerez rural, el mal estado de la cornisa –entre otras cosas– del CEIP Lomopardo y las deficiencias en la calefacción del CEIP La Barca protagonizan las quejas realizadas al Defensor del Ciudadano sobre Jerez en materia escolar durante 2015.

Nada menos que 33 quejas recibió Jesús Maeztu en relación a problemas sobre temas educativos en toda la región. La provincia encabeza la lista, con 10 reclamaciones, cinco de ellas en los colegios de Jerez ya citados. En el informe anual del año pasado, el Defensor del Pueblo Andaluz destaca “el problema surgido en determinadas zonas rurales de Jerez al prohibir el uso del transporte escolar a los alumnos y alumnas escolarizados en algunos centros”.

En toda la provincia de Sevilla se tramitaron ocho quejas, cinco en la de Málaga, cuatro en Almería, dos en Córdoba y Huelva y tan sólo una en Jaén. El detallado informe del Defensor del Pueblo ahonda en diferentes ámbitos y expresa su preocupación por la presencia de caracolas en los colegios andaluces. Habla de que en toda la comunidad hubo 325 aulas prefabricadas durante el curso 2014-15 y que “si bien dicha cifra en términos porcentuales no es un número muy elevado, lo que resulta criticable es su perpetuación en el tiempo”. Por eso se alegra de que la Consejería de Educación anunciara que va a dedicar diez millones de euros a equipamientos educativos durante este año, lo que “supondrá la eliminación de 80 caracolas”, calculan desde la Oficina del Defensor.

Entre los alumnos de 0 y 3 años el principal problema, sostiene el informe, es el “importante desfase entre el número de plazas ofertadas por la Administración educativa y las demandadas de las familias, siendo las primeras siempre insuficientes”. Aunque, eso sí, señala que el número de quejas sobre este tema en el ejercicio 2015 ha sido inferior a otros años. “Ahora bien, la razón de ello no se encuentra en el incremento de este tipo de recurso sino en que paulatinamente ha disminuido el número de familias que, por desgracia, al encontrarse uno o ambos progenitores sin ocupación laboral, han dejado de requerir dicho servicio”, puntualiza.

Las quejas por fraude en la escolarización, aunque no han desaparecido, sí han disminuido, por lo que “parece haber quedado lejos aquella época en la que las familias contrataban hasta detectives para demostrar que otros padres habían introducido datos falsos a fin de conseguir plaza en un determinado colegio”, señala el informe. Los mayores fraudes se cometían en los datos relativos a la domiciliación, tanto familiar como laboral, criterio que hasta hace poco aportaba la mayor puntuación. Lo que sí han aumentado son las quejas de padres por no poder escolarizar a todos sus hijos en el mismo centro.

En 2015 se produjo un aumento de las reclamaciones por presunto acoso escolar, ya que hubo un punto de inflexión como fue “la comparecencia del titular de la institución (Jesús Maeztu) en los medios de comunicación expresando la conveniencia de sacar a la luz estos casos, pues muchos de ellos quedan en silencio, no se denuncian y son desconocidos por la sociedad”. También pone especial énfasis en el ciberacoso. El Defensor del Pueblo muestra su preocupación por cualquier tipo de acoso, que en las víctimas suele acarrear “rechazo hacia el centro, pesadillas, trastornos del sueño y baja autoestima”.

Por eso se alegran desde la Oficina del Defensor de la publicación por parte del consejo de ministros de un borrador con 70 medidas por la convivencia y contra el acoso escolar, como la formación de profesores y padres, la elaboración de un manual de apoyo, la puesta en marcha de un teléfono para las víctimas atendido por psicólogos, abogados o trabajadores sociales o la creación de una red de escuelas Tolerancia cero para “reconocer a los centros educativos que demuestren haber mejorado su convivencia mediante planes y proyectos que promuevan la inclusión, prevengan la violencia y apoyen a las víctimas”. Una iniciativa que seguirán de cerca “y de cuya puesta en práctica y ejecución podremos dar cuenta en la próxima memoria anual”.

Sobre el autor:

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Francisco Romero

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Antes de terminar la carrera, empecé mi trayectoria, primero como becario y luego en plantilla, en Diario de Jerez. Con 25 años participé en la fundación de un periódico, El Independiente de Cádiz, que a pesar de su corta trayectoria obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2014 por la gran calidad de su suplemento dominical. Desde 2014 escribo en lavozdelsur.es, un periódico digital andaluz del que formé parte de su fundación, en el que ahora ejerzo de subdirector. En 2019 obtuve una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo, y en 2023 un accésit del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García de la Asociación de la Prensa de Jerez.

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